La historia dignificante del policía sigue escribiéndose con lápiz. La tinta dificulta modificar sus condiciones laborales. El lápiz lo facilita.
Viernes 18 de marzo de 2022.
El soldado, aunque parezca duro, es un bastardo en las funciones de policía. Su adopción en la policía no se recibe con agrado. Se le paga del presupuesto militar y se le recompensa por afiliarse a las policías estatales o municipales. Un estímulo que está muy lejos todavía para que llegue al bolsillo del policía civil.
Se manifiestan en protesta una vez más en una corporación policial. La encargada ni más ni menos de investigar el delito. Ejecutar las órdenes de aprehensión y otras no menos importantes. Su misión, abatir la impunidad y perseguir y procurar que se castigue al delincuente.
El soldado-policía, bien pagado y sin quejarse por sus viáticos, no cumple cabalmente con su función de prevén para que no se cometa. El delito sigue y el delincuente sustrayéndose a la acción de la justicia. El policía civil, luchando para que se le pague adecuadamente el salario y presionando continuamente para que también le paguen sus viáticos.
La violación contínua a la dignificación policial, ha sido una acción sistemática del gobierno para reducir los estados de fuerza policiales y justificar la intervención de la milicia en las funciones de seguridad pública. Lo hemos dicho de manera reiterada.
Los Colegios de Profesionistas, principalmente los de Abogados, parece que ya decidieron no hacer nada y dejar libertad plena a los gobiernos local y municipales para que las instituciones de policía sigan secuestradas por militares.
El discurso de combate a la inseguridad y destierro de la impunidad, es mediático y falso. Los delincuentes siguen cobrando víctimas. Los enfrentamientos siguen a la orden del día, aunque se diga que son sucesos aislados. Lo cierto es que ha faltado voluntad política para resolver un problema histórico para formar una policía capaz y profesionalmente apta para combatir la criminalidad.
La coordinación entre instituciones de gobierno, de seguridad pública y de procuración de justicia sigue como asignatura pendiente. Todos los días se reúne el gabinete de seguridad sin que sus resoluciones se traduzcan en resultados. La inseguridad crece y la población resignada prefiere callar ante el riesgo de sufrir ataques a su seguridad personal si se atreve a denunciar.
Al gobierno no parece importarle aplicar medidas efectivas para combatir la inseguridad, sigue metido en su discurso de que se está combatiendo el crimen, pero el delincuente cabalgando libremente por la calle
No se ha querido reconocer, daría vergüenza hacerlo, pero hay temor actuar frente a los grupos de poder de la delincuencia organizada. Pero hay que distraer la atención ciudadana, quitándole a la policía investigadora sus incentivos salariales.
¿Qué ocurre en la esfera de gobierno que toma esas decisiones? Parece raro que la inconformidad surja por el descuento realizado para el pago de las aportaciones al Instituto de Pensiones. Es un porcentaje que todo trabajador al servicio del Estado paga. Es un hecho de sobra conocido.
El descontento debe ser otro. No hace mucho se denunció que habría reducciones salariales dentro de la Fiscalía. La medida sería propia al nivel de funcionarios, pero no en el área operativa de la policía, peritos y agentes del ministerio público porque sería desastroso.
Si la protesta fue, según se dijo por las autoridades del gobierno, para regularizar su afiliación al IPES. También parece extraño. Nadie se inconformaría por recibir esa protección de seguridad social a menos que el descuento de aportaciones no pagadas se les retenga a los investigadores de manera arbitraria.
Es un problema que deberán resolver las autoridades de la Fiscalía y del Gobierno Estatal porque es un asunto de su exclusiva responsabilidad y no del policía.
Dignifiquen sin atropellos. El policía es grupo social, es padre de familia y un servidor público que expone su seguridad por el bienestar de los demás.
¿Usted qué opina?
