Alonso Aguilar Zinzer, abogado del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, confirmó que acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer la carpeta de investigación que se abrió en contra del mandatario estatal.
La juez Rosa María Cervantes Mejía, titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo, negó ordenar a la FGR que le permita al gobernador de Tamaulipas, acceso y copias de la carpeta de investigación en su contra.
El gobernador de Tamaulipas interpuso un recurso de queja contra la negativa, por lo que el caso se turnará a un tribunal colegiado, quien determinará si confirma, modifica o revoca el fallo.
A través de un comunicado, el abogado señaló que el lunes 22 de marzo acudieron a conocer la carpeta y todas las constancias que en ella obran, de manera personal, a las instalaciones de la FGR.
“Por tanto, el gobernador y su defensa procederán a demostrar su inocencia”, detalló.
A finales de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de García Cabeza de Vaca.
La investigación contiene elementos por delitos de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal con los que la FGR busca procesar a García Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional (PAN).
En febrero la fiscalía solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de procedencia contra Francisco García Cabeza de Vaca, por la probable comisión de los delitos mencionados. La solicitud ante la cámara para el desafuero del gobernador tiene su origen en una investigación conjunta del Ministerio Público Federal y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
En su resolución, la impartidora de justicia sostuvo que es improcedente otorgar la medida cautelar, ya que ello implicaría dar efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se llegue a dictar en el juicio de amparo promovido el 12 de marzo pasado.
Añadió que otorgar la suspensión sin tener la certeza que el promovente de amparo tiene el carácter de imputado en la carpeta, puede implicar una violación a disposiciones de orden público, como la secrecía de la investigación y los registros que obran en la indagatoria, los cuales deben permanecer en resguardo.
