La delincuencia organizada ha impuesto cuotas para que los comerciantes puedan operar sin temor a su seguridad personal.
MARZO 8 DE 2024
El problema se ha hecho viejo y las autoridades se han desentendido permitiendo que los delincuentes impongan sus condiciones. La negativa de algunos les ha costado su vida o les han destruido sus negocios.
En este espacio de opinión por allá en agosto del 2022, se comentó lo siguiente: “Las autoridades se hacen de la vista gorda, pesan mucho los compromisos que cargan con las organizaciones criminales, el cohecho calla bocas y se inhibe al policía. El delincuente en la calle es impunidad que campea. Es lo que ocurre en Mazatlán y en el sur de Sinaloa.
Esas pandillas criminales cuentan con estructura recaudatoria. Gente armada que recorren grandes sectores en la gestión del cobro que tiene que pagar el comerciante. Toda negativa o resistencia al pago cierran el negocio o se cobra con la muerte.”
Hoy, este grave problema, que solo ocurría en Mazatlán, ante la indiferencia gubernamental por complicidades con las organizaciones criminales, han provocado que este mal se haya extendido en todo el Estado.
Los gobiernos salen y otros vienen, pero nada se ha hecho para detener esa ola criminal que afecta seriamente la economía de los comerciantes y temen por su seguridad personal. No hay autoridad que detenga a esos cobradores de piso.
Las cuotas que se exigen son demasiado costosas para los precarios ingresos que se obtienen por lo que algunos comercios han decidió mejor cerrar y emigrar para otras partes. Temen por su vida y que les incendien el negocio.
El problema de la falta de estrategias en materia de seguridad hace crisis. La ciudadanía teme por la seguridad personal y la de sus familias, no se atreven a reclamar mayor intervención de las autoridades porque les da miedo sufrir represalias de los delincuentes ligados al gobierno.
En las páginas periodísticas se difunde que a Sinaloa arriban contingentes numerosos de soldados y marinos, pero el problema no se combate con desfiles militares, se requiere de policías debidamente formados y profesionalizados. Personal que conozca la función policial.
El Sinaloa, como en todo el País, las policías civiles están en vías de extinción. No es ni ha sido interés de los gobiernos de restituir los estados de fuerza policiales y tener en los Estados y Municipios, policías capaces de desterrar el crimen y la impunidad.
El problema son las complicidades de quienes arriban a los gobiernos y la delincuencia organizada. Dicen, que el dinero del poder fáctico paga campañas políticas y corrompe voluntades gubernamentales.
El gobierno del estado, la fiscalía y las policías, solo están para perseguir políticamente a la Universidad Autónoma de Sinaloa y a sus autoridades, es la cortina de humo que han construido para encubrir las complicidades con miembros de la delincuencia organizada.
¿Habrá algún poder gubernamental que detenga esas complicidades y castigue a los que desde el gobierno comprometen la seguridad de los sinaloenses? El cobro de piso sigue creciendo en Sinaloa, las autoridades quizá lleven su buena comisión para que no molesten a los autores de ese crimen.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
