El organismo señaló a través de un comunicado que el dictamen que pretende aprobar la Cámara de Diputados en comisiones tiene una serie de problemas técnicos que pondrá en riesgo a los ciudadanos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunció en contra de la Ley de Seguridad Interior justo un día antes de que el PRI y sus aliados buscan aprobar en comisiones de la Cámara de Diputados dicha iniciativa que otorgaría facultades extraordinarias en materia de seguridad pública.
“La falta de acciones efectivas e integrales para el fortalecimiento de las policías en los distintos órdenes y niveles de gobierno, las ha relegado a un papel marginal dentro de las políticas públicas inherentes a la seguridad de las personas, las cuales dan prioridad a la acción de las Fuerzas Armadas. La omisión, la indiferencia y la falta de resultados contundentes en la capacitación y desarrollo de las policías, han hecho evidente el abandono por parte del Estado de las mismas”, señaló la CNDH en un comunicado.
Entre otros problemas, la CNDH plantea que la ley plantea confusiones y límites ambiguos entre los conceptos de Seguridad Nacional y Seguridad Interior, misma que facilitaría mantener oculta información clave para documentar los abusos de las fuerzas armadas.
“Permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos sino una facultad discrecional genérica; la imposición de una reserva absoluta sobre la información que se genere lo cual haría nugatoria cualquier expectativa de transparencia; la falta de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas; la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos; así como la trasgresión a los derechos de reserva y secrecía en favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito.”, señala la CNDH.
El organismo también advierte que los términos en que está redactada la ley provocará problemas de interpretación legal que incluso transgrede fundamentos esenciales establecidos en la Constitución.
“La propuesta de ley no establece en forma expresa la forma como se conciliará la prevención, investigación y persecución de delitos con el amplio espectro de conductas que se pretenden encuadrar como materia o riesgos a la Seguridad Interior, siendo en consecuencia previsible que su aplicación trasgreda, desde el origen, garantías procedimentales básicas y derechos humanos reconocidos en la Constitución, lo cual propiciará que los responsables de una conducta ilícita tengan una puerta abierta para eludir la acción de la justicia por la indebida actuación de las autoridades, una vez que sus acciones fueran puestas a consideración de un tribunal de derecho. Mucho de lo que el dictamen refiere como materia de Seguridad Interior serían cuestiones que, bajo otra óptica se podrían considerar, como propias del ámbito de la Seguridad Pública”, añade.
“La necesidad de que se emita una ley sobre seguridad interior, así como el alcance y contenido que, en su caso, debería tener la misma, no pueden ser producto de decisiones coyunturales o políticas”, advierte la CNDH.
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