El Gobierno de Luis Arce debate la idoneidad de la medida, implantada en 2009y que no ha logrado aumentar la legitimidad de los magistrados.
JUNIO 13 DE 2024.
Las elecciones judiciales en Bolivia que López Obrador quiere para México: de la politización al conflicto entre poderes
El mandatario Mexicano, pretende someter a los jueces y a los organismos autónomos para concentrar aún más poder presidencial
La selección por sufragio universal de los magistrados de las altas cortes adoptada en 2009 generó problemas de funcionamiento del sistema judicial y apenas concitó el interés de la población, con porcentajes de voto nulo que rondan el 60%
La Constitución boliviana, redactada por una Asamblea Constituyente y aprobada en 2009, señala que los 26 magistrados del Consejo de la Judicatura, y de los tribunales Constitucional, Agroambiental y de Justicia, son “elegidos mediante sufragio universal”, que en Bolivia es obligatorio.
La Asamblea Legislativa Plurinacional realiza por dos tercios de sus miembros presentes “la preselección de los postulantes por cada departamento” y remite al Órgano Electoral “la nómina de los precalificados para que este proceda a la organización, única y exclusiva, del proceso electoral”.
Las elecciones deben realizarse cada seis años y los magistrados no pueden ser reelectos, aunque esto ha variado por una decisión última del Tribunal Constitucional; ahora pueden reelegirse pero en un puesto dentro de un tribunal en el que no hubieran estado previamente.
También se ha permitido, en contra de la letra de la Constitución, que pertenezcan a organizaciones políticas.
La reforma para elegir por voto popular al Poder Judicial que planteó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, causa incertidumbre en los mercados y la sociedad civil, pero se impulsará tras la victoria de la candidata presidencial oficialista, Claudia Sheinbaum, en las elecciones.
Estas son las claves del proyecto que genera controversias en la opinión pública mexicana y que podrá aprobarse a partir del 1 de septiembre, cuando la alianza de partidos del oficialismo recupere, previsiblemente, la mayoría de dos tercios del Congreso para reformar la Constitución.
1. Elección popular de jueces
La proposición plantea la elección por voto popular de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y, en general, de todos los jueces de distrito y magistrados de circuito del país.
En total, 1.688 cargos se someterían a votación, de los que 21 serían a nivel nacional y el resto quedarían divididos por estados.
2. Cambios en la Suprema Corte
La Suprema Corte es el máximo tribunal constitucional y máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial en México.
La propuesta prevé una reducción en la cantidad de ministros (integrantes) de la SCJN, que pasarían a ser nueve en lugar de los 11 actuales y cuyo cargo mantendrían por 12 años, tres menos que en la actualidad.
También eliminaría las dos salas que funcionan en el presente y la Corte solo sesionaría en pleno.
Para optar al puesto sería necesario ser mayor de 35 años, tener una década de antigüedad como abogado y no haber ocupado cargos el año previo a su elección.
No habría posibilidad de pensión vitalicia en caso de jubilación, como ahora, y la remuneración de los miembros de la Corte nunca podrá superar a la del jefe del Ejecutivo.
3. Tribunal Electoral
El TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, se encarga de resolver las controversias relacionadas con los comicios, como las recientes impugnaciones a la elección del 2 de junio realizadas por la oposición mexicana.
Está dividida en dos niveles: la Sala Superior y salas regionales, y, con la propuesta del Gobierno, ambas mantendrían su número actual de magistrados, 7 y 18 respectivamente, pero su mandato se reduciría desde los nueve años que tienen en el presente hasta seis.
4. Un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial
Es otra novedad, pues sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano de administración y vigilancia interna del Poder Judicial.
Podría recibir denuncias de cualquier persona u autoridad, e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley.
De los siete miembros del CJF pasaría a solo cinco, de los que el Ejecutivo nombraría uno, el Senado otro y el resto la SCJN, con un periodo de seis años cada uno.
5. Las elecciones por estados
Tan solo en Ciudad de México se votarían 339 cargos, 114 jueces y 225 magistrados, y podría haber hasta 2.034 aspirantes pues cada poder, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, podría nombrar hasta dos candidatos por plaza.
Una situación similar ocurriría en los principales estados del país.
En el Estado de México habría 114 puestos con hasta 684 candidatos, Jalisco tendría 122 cargos a elegir con hasta 732 aspirantes, y en Nuevo León un total de 72 plazas con hasta 432 pretendientes.
6. López Obrador y Sheinbaum a diferentes velocidades
López Obrador, quien deja el cargo el 1 de octubre, ha reafirmado que quiere acelerar la aprobación de la reforma una vez que su alianza de partidos tenga el 1 de septiembre la mayoría calificada, de dos tercios del Congreso, necesaria para modificar la Constitución sin negociar con la oposición.
Sus declaraciones contrastan con las de Sheinbaum, quien el lunes aseguró en una conferencia que acordó en su reunión con el mandatario hacer una “discusión muy amplia” en todo el país sobre la reforma que involucre a barras de abogados, escuelas de Derecho, trabajadores del Poder Judicial y jueces actuales.
