Preocupa el anuncio de Claudia Sheinbaum de reformar la Constitución Federal para llevar a la Guardia Nacional a la SEDENA.
JUNIO 26 DE 2024
En los hechos sabemos que la Guardia Nacional no es una policía civil, aunque el discurso diga lo contrario. En tan militar como el uniforme inconfundible del soldado. El fracaso en el combate a la inseguridad ha sido eso, porque el soldado no está formado para luchar contra los delincuentes, su misión es la guerra. No lo oculten.
Ciento noventa y un mil muertos en el curso de esta administración federal son demasiados. La gran mayoría de esos homicidios no han sido esclarecidos por la ineficacia en las investigaciones y los escasos detenidos por las fuerzas castrenses.
No investigan porque lo desconocen, no están hechos para esas actividades que exigen cumplir con exigentes formalidades legales porque si no lo hacen los delincuentes que detengan serán liberados.
En los hechos es lo que está ocurriendo porque desconocen los procedimientos de la investigación criminal.
Se empeñan neciamente en seguir sosteniendo que la militarización se hace por asuntos de confiabilidad social y para desterrar la corrupción.
El asunto es sencillo cuando se quiere que los quehaceres públicos funcionen. Si lo que se quiere es una fuerza policial socialmente confiable y profesional, formen una fuerza policial nacional civil, con mando civil y con formación para conocer y manejar todas las formalidades legales que deben ser observadas en la investigación criminal.
Déjense de experimentar porque se han perdido muchos años y seguimos sin instituciones policiales con suficientes estados de fuerza y denostadas por el propio gobierno. Una insolencia que quien lo ha pagado muy caro es la sociedad con su silencio y cómplice de la ineficiencia policial.
Nombren en las fiscalías a personas profesionales de la abogacía con experiencia en el manejo policial y en la investigación criminal, pero sobre todo que en opinión de la sociedad sean los idóneos para dirigir esas dependencias y no que sean nombrados casi todos a modo de los Gobernadores, y convertidos en sus empleados y su autonomía pisoteada por los intereses políticos de aquellos. Ensucian el tapete donde pisan.
Que la inteligencia militar y la civil, investiguen a los Gobernadores por sus nexos, que al parecer, algunos los tienen con la delincuencia organizada, esa es otra de las razones muy poderosas para que el crimen organizado siga teniendo un blindaje político sin ser molestado en sus actividades delincuenciales.
Que las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos se manifiesten ante una posible militarización constitucionalizada de la policía, que debe ser civil y no militar. Hay que deshacer esa intención que está muy lejos de ser la solución al combate al crimen y a la impunidad.
El silencio y la negación de la información de las autoridades militares seguirá siendo esa característica. Solo obedecen e informan al mando militar al que pertenecen, porque ni a los Gobernadores respetan al negarles también la información requerida.
Es lamentable que Miguel Calderón tenga que quejarse porque la milicia no informa de los hechos recientes ocurridos en Sánchez Célis, Municipio de El Dorado. Siete muertos y sin saber por qué. Que los fallecidos supuestamente eran malhechores, no tienen por qué justificarse por las muertes de todos ellos ¿Ejecución y no un enfrentamiento como se anuncia?
¿Abrazos para algunos y balas para otros? Que la milicia explique lo ocurrido en esa sindicatura del nuevo municipio ¿Se unirían las comisiones estatales y la nacional de los derechos humanos para evitar la militarización de la seguridad pública?
Mientras la violencia sigue zarandeando a Sinaloa, el gobierno del Estado oculta su incapacidad y complicidad con el crimen, persiguiendo políticamente a la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus autoridades ¿Si se escudan que combaten la corrupción en la Casa Rosalina porque se oponen a la mesa de dialogo convocada por el Presidente de la República y llevan las pruebas que tengan? No rehúyan, ahí no habrá control con la Secretaria de Gobernación como lo tienen con la Fiscalía, la Auditoria Superior y el Poder Judicial, todos del Estado de Sinaloa.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
