CASO PEGASUS
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que entre 2012 y 2018 se encontraron 31 contratos relacionados con Pegasus
La afectación a las arcas públicas en contratos relacionados con el software de espionaje Pegasus es de mil 970 millones de pesos, informó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.
Durante la conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, Rodríguez Velázquez, quien detalló que desde 2012 a 2018 se encontraron 31 contratos con empresas vinculadas en sus actividades a la empresa israelí NSO Group, que es la desarrolladora del software Pegasus.
La afectación a las arcas públicas suma mil 970 millones de pesos, esto es un poco de 61 millones de dólares para la adquisición de software, hardware, de bases de datos, plataformas, licencias y mantenimiento de estos equipos entre otros”, expresó.
La titular de SSPC presentó una caja con toda la información de los contratos celebrados por el Caso Pegasus, los cuales detalló que serán presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR), quien deslindará las responsabilidad correspondientes.
“Esta práctica violó la intimidad de periodistas, políticos, luchadores sociales, empresarios, defensores de derechos, servidores públicos, legisladores”, externó.
Rosa Icela Rodríguez afirmó que el gobierno de la Cuarta Transformación “tiene como premisa fundamental la libertad y transparencia, aquí no se espía a nadie, se acabó la persecución política”.
Entre los contratos celebrados 16 corresponden a la extinta Policía Federal; dos en Segob; siete contratos en Prevención y Readaptación Social; dos en Servicio de Protección Federal, y cuatro más en el CISEN.
Una investigación de medios internacionales destapó que Gobiernos de varios países espiaron 50 mil teléfonos con el programa Pegasus, de los que 15 mil casos fueron en México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la cifra más alta de cualquier país.
La FGR anunció una investigación, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que los Gobiernos Federales anteriores, pagaron un contrato de 32 millones de dólares a la empresa israelí del programa, NSO.
Aunque López Obrador y su familia fueron víctimas de espionaje, el mandatario ha rechazado investigar a sus predecesores, y en su lugar ha pedido que los ciudadanos participen en la consulta del 1 de agosto.
