La opinión del día de ayer relata en su parte medular el universo normativo en el que gravita la Universidad Autónoma de Sinaloa y que ha sido una parte de su defensa legal.
SEPTIEMBRE 25 2024
No es parte de la administración pública descentralizada del gobierno del estado de Sinaloa porque la ley orgánica de la administración pública y la de entidades paraestatales de Sinaloa, la excluyen expresamente ambas en su artículo cuarto. Las Universidades a las que la ley otorga autonomía se regirán por sus propias leyes orgánicas.
Quedó claro también, que el patrimonio de la Universidad Autónoma de Sinaloa se compone por los subsidios federal, estatal, recursos propios o autogenerados, y otros ingresos. La UAS, no recibe recursos autogenerados o propios del gobierno del estado.
La UAS recibe recursos a través del gobierno del estado provenientes de las participaciones federales que Sinaloa recibe del gobierno federal o sea que no son recursos económicos autogenerados por el estado. Son recursos federales.
Los delitos imputados a los directivos universitarios son precisamente supuestos actos de corrupción en la aplicación de los recursos económicos de la UAS, según ellos, por no licitar, las adquisiciones y servicios. En el caso de los delitos de abuso de autoridad los fundamenta en la negativa de la UAS en que la Auditoría Superior del Estado le audite los recursos propios. En ambos casos, no tienen competencia para investigar, por un lado, porque son recursos de la federación, y los recursos propios son equiparados a recursos privados según sentencias dictadas por diversos juzgados de distrito. Quien los debe auditar, en el caso de los recursos federales, la Auditoría Superior de la Federación y los propios los órganos internos de control de la UAS.
En ningún caso se configura delito alguno pero el escándalo mediático como medida de presión política, no jurídica, en contra de los directivos universitarios le ha costado al gobierno mucho dinero, pero sin ninguna utilidad política a su favor. La comunidad universitaria rosalina y la sociedad sinaloense ya se percataron de ese asqueroso circo orquestado por el gobierno
Las denuncias penales y los procesos instruidos por el gobierno del estado no tienen ningún asidero legal ya que la fiscalía, la auditoría superior del estado y el Congreso, han sido utilizados como instrumentos de represión política en contra de la UAS y de sus autoridades. El lodo derramado a través de los medios de difusión con cargo al erario estatal, han sido los canales perversos para denostar al Rector y a otros directivos universitarios.
Esa simulación de juicios, ha sido el pretexto para remover al Dr. Jesús Madueña Molina en cuatro ocasiones, de su puesto rectoral, así como a los miembros del comité de adquisiciones. Esa persecución política rabiosa, ha sido por el rechazo del Rector Jesús Madueña Molina de aceptar la ley de educación superior de Sinaloa, un aborto legislativo, violatorio de la autonomía universitaria y declarada inconstitucional por sentencia firme del Juez Primero de Distrito en el Estado. Otras sentencias han resuelto que la auditoría superior del estado no tiene atribuciones para auditar los recursos propios de la UAS.
Este día, llaman a revisión de medidas cautelares al Encargado del Despacho de Rectoría, se sospecha, no hay otra razón, que es para separarlo del cargo. Un atropello más que sumaría a muchos otros, que puede provocar la agitación en contra del gobierno ¿Tendría condiciones el gobierno de soportar una rebelión de universitarios en estos momentos en que la violencia los tiene boca-abajo?
Con sentencias que amparan y protegen al Rector y directivos universitarios, en las que se ha resuelto que no hay delito que perseguir y que ponen fin a las medidas cautelares, las condiciones legales están dadas para que el Rector Madueña Molina regrese a sus funciones rectorales. La maldad es tal, que la mafia del poder gubernamental inicia nuevos procesos para sostener esa descarada persecución política. En esta lucha por la defensa a la autonomía universitaria, ya se cometió un homicidio, un crimen que exigimos que sea aclarado y para ello, la Fiscalía General de la República deberá acelerar las investigaciones porque en la Fiscalía estatal ya se prendieron los focos rojos. Están asustados.
Todo ese circo mediático, ha llevado también a decretar una reforma ilegal, arbitraria e inconstitucional por el congreso del estado, a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Misma reforma que es el concentrado de la perversidad política y de odio del gobierno del estado en contra de la UAS y de sus directivos, porque no los han podido arrodillarse, como la delincuencia tiene arrodillado al gobierno del estado. Depende del Ejecutivo, vetar esa ley por inconstitucional. Es cuestión de tiempo.
La sociedad ha sido informada oportunamente del riesgo que corre la Universidad más importante de Sinaloa y del Noroeste del País, si llegara a caer, aunque sería muy difícil que eso ocurra, en manos de una horda de indeseables cuyas aviesas intenciones es corromperla y desnaturalizarla para saciar sus apetitos políticos colonizadores en perjuicio de los jóvenes de Sinaloa. Recordar el pasado triste que vivió la UAS es motivo para repudiar con todas nuestras fuerzas el regreso de esa calamidad destructiva.
Ese es el motivo de los procesos penales, de las medidas cautelares aberrantes que han indignado el sentimiento social y el universitario de bien, y en este día se aprestan desde el gobierno a remover del cargo al Encargado de la Rectoría Robespierre Lizárraga Otero. Una ofensa a nuestro sistema democrático y régimen legal. Un imperio de ilegalidades cuya pus brota desde el gobierno.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
){kind=link}
