La reserva de los datos de prueba en una investigación criminal es un imperativo legal.
AGOSTO 15 DE 2024
Desde que se dio a conocer la noticia del atentado en contra del Mtro. Héctor Melesio Cuén Ojeda y en que perdiera la vida, los medios de comunicación tuvieron acceso a datos que solo deben estar en la esfera de control de la autoridad ministerial.
Se cometieron graves errores, que contaminan el debido proceso y se puso en riesgo la seguridad personal de quien o quienes pudieron tener conocimiento de los hechos. Algunos medios periodísticos mencionaron nombre y lazos familiares de personas que tendrían la obligación de informar al Ministerio Público cuya reserva de su identidad era un imperativo. La Fiscalía estatal no tuvo ese cuidado.
Parece que animó la idea fue poner en riesgo intencionalmente a los posibles testigos para una vez identificados quedaran expuestos a la amenaza de miembros de la delincuencia organizada o del mismo gobierno para evitar testimonios comprometedores. Es una falla que debe ser castigada.
En los hechos que ocasionaron una posible traición y un asesinato, podría haber personas que no les convendría ser señaladas por sus actividades políticas en el gobierno o por sus actividades empresariales como la mención que se hizo del propietario de la aeronave que fue facilitada para trasladar a personas a vacacionar y a quienes se les mencionó en esos hechos criminales del 25 de julio pasado.
La Fiscalía estatal no quedó satisfecha en dar a conocer el nombre de testigos, sino que también, así se le atribuyó, la filtración de un video en el que presumiblemente quedaron gravadas las imágenes de la forma de cómo se perpetró el ataque con el uso de armas de fuego en contra del Mtro. Cuén Ojeda y por cuyas lesiones ocasionadas perdiera la vida.
La Fiscalía es un órgano autónomo constitucional. Se supone que actúa de manera independiente del mando político estatal ¿la Titular fue capaz de difundir toda esa información que debe ser reservada y mantenerse dentro de la carpeta de investigación? ¿Recibió una orden para que la misma fuera publicitada ¿cuál fue el motivo?
La información de la existencia de testigos fue conocida desde que se conocieron los hechos, pero el video fue publicitado después de que se había informado que la Fiscalía General de la República se haría cargo de las investigaciones ¿Dónde quedó el deber de actuar con sigilo, con legalidad y lealtad en la función de investigar? De seguro que, por ese motivo, la Titular de la Fiscalía estatal deberá ser citada a declarar ante el órgano investigador federal.
Las preguntas se escuchan por todas partes ¿por qué tanto desaseo en la investigación de los hechos ocurridos el pasado 25 de julio en los que se dice que hubo una traición, pero también un repudiable asesinato?
El deseo de justicia es una prioridad para dar tranquilidad a una familia agraviada. Que, la muere del fundador del Partido Sinaloense no quede como un registro más en una estadística criminal que ha sido y será la vergüenza de una administración estatal que se hunde en el fango de la inseguridad.
Las sospechas están marcadas con fuego. La Fiscalía de la Nación tiene un compromiso insoslayable con la sociedad sinaloense, dar con el paradero de quien o quienes ordenaron ese aberrante crimen, sean exhibidos públicamente y lapidarlos con la pujanza del juzgador implacable. Los resultados están en espera.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
