Desaparición de órganos autónomos.

AGOSTO 10 DE 2024

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados tiene listo el proyecto de dictamen de reforma a 14 artículos de la Constitución con el que desaparecerían siete órganos autónomos que operan en el país en materia de competencia, telecomunicaciones, transparencia, energía, educación y política social.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado en varias ocasiones su interés de desaparecer varios órganos autónomos por considerar que duplican funciones con el gobierno y por representar un gasto innecesario para el erario público. Su propuesta formal en este sentido fue presentada el 5 de febrero pasado y los diputados ya tienen listo el proyecto de dictamen para concretarla.

“Durante muchos años se fue creando una burocracia dorada y la creación de nuevos organismos a los que se debía destinar muchos recursos del presupuesto, por lo que bajo el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, es necesario replantear el funcionamiento de estos, que en los hechos duplican funciones y tareas del Ejecutivo Federal”, expresa el Primer Mandatario en su proyecto, el cual forma parte de un paquete de 18 iniciativas de reforma constitucional.

Este tema también forma parte de las prioridades del proyecto de gobierno de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. En el documento “100 pasos para la transformación” presentado por la morenista, coincide con la propuesta de López Obrador de eliminar los siguientes siete órganos autónomos:

• Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
• Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
• Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI)
• Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
• Comisión Reguladora de Energía (CRE)
• Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)

Al ser cuestionada sobre esta reforma, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México expresó a finales de julio que este proyecto no forma parte de las prioridades que se definieron para el arranque de la LXVI legislatura el 1 de septiembre, pero que entiende que los diputados quieren dejar avanzada la tarea tras la presentación de las iniciativas presidenciales en febrero. En cualquier escenario, aclaró que no se busca desaparecer órganos, sino trasladar sus funciones a otras dependencias.

Al respecto, la organización México Evalúa advirtió que la desaparición de las siete instituciones, tal como se establece en el proyecto de dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja, “impactaría negativamente en el bienestar de la población”, pues “la autonomía de estos órganos se fundamenta en la necesidad de permitirles operar y resolver de manera separada de los ciclos políticos, sin conflictos de interés en sus resultados”.

Además, contrario a lo que argumenta el presidente López Obrador, expresó que la extinción de dichos órganos no representa un ahorro importante para el erario público, pues su presupuesto equivale en conjunto a 4,534 millones de pesos, lo que representa apenas el 0.05% del presupuesto federal.

¿Qué tareas realizan los órganos en la mira?

El proyecto de dictamen en manos de los diputados mantiene sin cambios la propuesta inicial del presidente López Obrador y contempla la desaparición de los siete órganos autónomos y el traspaso de sus funciones a diferentes dependencias. En conjunto, esta propuesta considera cambios a 14 artículos de la Constitución.

» Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)

Creada en el año 2013 como resultado de una reforma constitucional, este órgano conformado por siete comisionados investiga y sanciona las conductas anticompetitivas en el país, principalmente a través de prácticas monopólicas o de concentración de mercado.

“Somos el órgano constitucional autónomo del Estado mexicano que tiene su mandato establecido en el artículo 28 de nuestra Constitución política. Tenemos la responsabilidad de vigilar, promover y garantizar la competencia y libre concurrencia en el país, para que los mercados funcionen eficientemente, en favor de los consumidores”, señala la institución en su sitio oficial.

La propuesta del Ejecutivo deroga los párrafos del artículo 28 constitucional que dan vida a la Cofece y transfiere sus funciones a la Secretaría de Economía.

» Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)

Este organismo surge de una reforma constitucional del año 2013 y es el encargado de regular, promover y supervisar las telecomunicaciones y la radiodifusión en el país a través del espectro radioeléctrico, las redes y los servicios públicos en estas materias, esto incluye lo referente a internet y la banda ancha.

Integrado también por siete comisionados, “es la autoridad en materia de competencia económica en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión”, se señala en su descripción oficial.

El proyecto que analizan los diputados reformaría los artículos 27 y 28 de la Carta Magna para su desaparición y transferencia de funciones a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

» Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)

Es un organismo público descentralizado cuya principal función es medir la pobreza en el país y el impacto de la política social del Ejecutivo en este aspecto. Fue creado inicialmente en el año 2004 y en el 2014 se hizo una reforma constitucional para dotarlo de autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Es encabezado por un secretario ejecutivo designado por el Presidente de la República.

“El Coneval tiene como funciones principales normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas; y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad”, se señala en la página de la institución.

La iniciativa oficialista incluye una reforma al artículo 26 de la Constitución para desaparecer este Consejo y que sus funciones las asuma el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

» Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI)

Surgido inicialmente de una reforma del año 2002, y de una posterior del año 2014 para dotarlo de autonomía constitucional, este organismo es el encargado de garantizar el acceso a la información generada por cualquier autoridad, institución o persona que reciba y ejerza recursos públicos, así como la protección de los datos personales de la población.

También está conformado por siete comisionados y tiene como parte central de su misión “promover una cultura de transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales para el fortalecimiento de una sociedad incluyente y participativa”.

El proyecto de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados contempla para su desaparición reformas a los artículos 6, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116 y 123 de la Carta Magna y el traspaso de sus tareas a la Secretaría de la Función Pública y a varias instituciones de los diferentes Poderes de la Unión.

» Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)

Es un organismo autónomo, que como su nombre lo indica, es el rector del mercado de hidrocarburos en el país. Se encarga de impulsar el aumento de las reservas petroleras, asesorar al sector en su conjunto de forma técnica y normativa, y participar en el desarrollo de capital humano especializado en estas áreas.

Fue creada en el año 2008, y en el 2013 se le dieron mayores facultades. Su órgano de gobierno está también integrado por siete comisionados propuestos por el Ejecutivo y elegidos por el Senado de la República. Su misión es “regular de manera eficiente y confiable la exploración y extracción de hidrocarburos en México para propiciar la inversión y el crecimiento económico”.

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador contempla una reforma al artículo 28 de la Constitución para su desaparición. Sus funciones serían asumidas por la Secretaría de Energía.

» Comisión Reguladora de Energía (CRE)

Es un órgano creado inicialmente en el año 1992 y que ha sufrido varias reformas a lo largo de su existencia; en el año 2013 se aprobó la reforma constitucional que lo dotó de autonomía. Es el encargado de regular al sector energético y autorizar y supervisar el transporte, almacenamiento, distribución y venta de combustibles, gas, bioenergéticos y electricidad que no forme parte del servicio público.

De acuerdo con su descripción oficial, sus funciones principales son “fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios”.

En este caso, el proyecto de dictamen también contempla cambios al artículo 28 constitucional y la transmisión de sus funciones a la Secretaría de Energía.

» Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)

Como contrapropuesta a la reforma educativa del año 2013, la presente administración impulsó cambios en este sector en 2019 con los que se creó una comisión autónoma encargada de definir los indicadores de la educación en el país, regular el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar y la mejora de las escuelas.

De los siete órganos que desaparecerían con la reforma que analizan los diputados, es el único creado en el gobierno del presidente López Obrador y fue el que sustituyó al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) impulsado en la administración de Enrique Peña Nieto.

La propuesta incluye la derogación de la fracción del artículo 3 de la Constitución que le da vida a esta Comisión. Sus responsabilidades serían asumidas por la Secretaría de Educación Pública.