Prevalecen las secuelas sociales ante la decepcionante operación militar para detener a Ovidio Guzmán y otros miembros de la delincuencia organizada. Sinaloa permanece aturdida por esos hechos.
Lunes 16 de enero de 2023.
El tamaño del pez atrapado no tendría por qué haber provocado reacciones criminales como las que se vivieron intensamente el cinco de enero pasado y los efectos posteriores que todavía se sienten por la omisiva previsión gubernamental.
La detención que ocupó espacios de difusión nacional no fue en mayor medida debido por la detención de Ovidio Guzmán sino las desastrosas violaciones cometidas en perjuicio de toda una comunidad poblacional de Culiacán y cuya reacción fue reprochar enérgicamente al Gobierno del Estado lo que las familias de Jesús María sufrieron a manos del ejército.
Muchas violaciones cometidas a los derechos humanos de la población y el Presidente se indigna y advierte a los Jueces que por ninguna razón fueran a dejar en libertad al detenido Ovidio Guzmán atreviéndose a decir que serían denunciados de otorgar una posible libertad. El autoritarismo haciendo gala de la arbitrariedad y no de la legalidad.
El lenguaje utilizado por el Presidente debió ser otro, de respeto a la investidura judicial, los Jueces resuelven la legalidad de los procedimientos y las pruebas que se les aporte, esa es la responsabilidad del Ministerio Público y no de la autoridad militar.
Esta última, debió cumplir con las formalidades legales porque de lo contrario se pondría en riesgo el debido proceso y llevar a la libertad a delincuentes.
El desenlace final deberá ser resuelto por las autoridades federales, mientras tanto, todavía pasará buen tiempo para la sociedad supere sus malestares por el ineficiente desempeño militar y los daños que sufrieron en su patrimonio muchos ciudadanos sinaloenses. El resarcimiento de los mismos todavía está en la sala de espera.
Las denuncias fueron rechazadas por la autoridad del fuero común, pero se tuvieron que hacer reconsideraciones por órdenes del Gobernador, porque el malestar social crecía al sentirse desprotegidos ante los daños que afectaban gravemente sus bienes jurídicos y materiales.
Era un asunto de competencias, pero eso a la sociedad le molesta, quería atención a sus problemas y no los escuchaban. La población se encontraba en medio del círculo terrorista y sus derechos afectados, ya que la movilización violenta de los grupos criminales al servicio de la delincuencia organizada, tenían por objeto perturbar gravemente el orden público a través de la intimidación y el terror, con el propósito de obligar al gobierno a la liberación de la persona detenida.
La sociedad no quiere justificaciones quiere respuestas inmediatas para que se le restituyan los derechos que criminalmente les fueron violados.
Las autoridades no han tenido todavía la capacidad de respuesta para solventar los daños causados a muchos ciudadanos sinaloenses.
Los bienes asegurados quizá no sean pagados por la naturaleza de los hechos y los que no lo estaban habrá que esperar para ver si tienen mejor suerte.
Los daños causados fueron bastantes, no solo ha sido el patrimonial y las violaciones a derechos fundamentales de la población por el allanamiento de domicilios, la detención ilegal de personas y la probable desaparición de otras.
La inadecuada operación militar costó la vida de un número importante de soldados y varios lesionados, sin omitir que por el lado criminal cayeron también varios sediciosos.
Una vez más, se pone de manifiesto que las fuerzas armadas no están capacitadas para ese tipo de acciones contra la inseguridad.
Se requiere que la federación, el estado y los municipios, cierren filas en la creación de una policía civil, profesional y con capacidades para enfrentar eficiente y decididamente cualquier tipo de delincuencia por poderosa que esta sea en armas o recursos financieros.
Saquen a la Guardia Nacional de la SEDENA. Urge una policía civil federal. Que los establecimientos de formación policial se retomen por el gobierno federal y que los elementos de la Guardia Nacional que deseen seguir perteneciendo a dicha institución policial, se sujeten a los procesos de formación policial impuestos por la legislación civil. Voluntad política es lo que hace falta.
¿Usted qué opina?
