Los legisladores que traicionaron sus promesas de no militarización de la seguridad pública dijeron que comprometieron su voto porque ahora si se destinaría presupuesto suficiente a los Estados para recobrar sus estados de fuerza policiales.
Lunes 7 de noviembre de 2022.
Afirmaron que la presencia militar con funciones de policía no iría más allá del 2028. Que las instituciones policiales seguirían teniendo la calidad de civiles y que la Guardia Nacional dejaría de ser una institución policial militar.
Se habló de recursos presupuestales suficientes para realizar toda una estrategia de reclutamiento, formación, capacitación y profesionalización policial; sin embargo, los preparativos para cumplir con el compromiso todavía no se anuncian por los propios legisladores y tampoco por las autoridades hacendarias o los Gobernadores de los Estados.
Lo cierto es que, en Sinaloa, el Gobernador fue muy enfático al anunciar la creación de la Universidad de la Policía, que sería la encargada de formar, capacitar y profesionalizar al personal de las instituciones de seguridad pública y del ministerio público, pero todavía no se ve el trabajo que se esté realizando.
La Universidad de la Policía no cumple. Se ha desviado del compromiso de su creación. Anuncia cursos que no van dirigidos al reclutamiento, formación y capacitación de policías tampoco para agentes del ministerio público y peritos.
El deber institucional se pierde y se evapora también la posibilidad de una institución que hace muchos años nació para proveer de los elementos necesarios a las áreas de seguridad pública y personal del ministerio público. La Academia Estatal de Policía.
No hay visión de lo que hay que hacer. El presupuesto comprometido para el Estado, así lo dieron a conocer los legisladores, sería para que las instituciones de policía modernicen sistemas y procedimientos para el mejoramiento integral del sistema de seguridad pública y de procuración de justicia estatal. Ese presupuesto no es para formar profesionales con posgrados que no le aporten nada al estado ni a las instituciones de seguridad pública.
Sería conveniente que no se deje solo a la Universidad de la Policía que diseñe la estrategia integral del trabajo que tendría que implementarse, para que la orientación anunciada por el Gobernador se apegue a su compromiso, sería recomendable que se formara una comisión de ciudadanos de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, de la Fiscalía General y de la Unidad Académica de Criminalística y Ciencias Forenses de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Se reorientarían las actividades sustantivas de la Universidad apegándose en todo momento a su propia normatividad, pero privilegiando a las instituciones policiales y de procuración de justicia que a los profesionales interesados en cursar posgrados que no aportarían nada para favorecer las condiciones de inseguridad que padece el Estado.
Esa comisión tendría capacidad para revisar los planes y programas de estudio que deberán implementarse en la institución universitaria policial, para apegarlos a las condiciones del modelo policial que se quiere y a la formación científica de los operadores del sistema penal en general.
Hacer de Sinaloa un Estado de vanguardia nacional en la formación científica de la policía, ministerios públicos y peritos, se estaría avanzando en la construcción de los nuevos paradigmas que respondan con eficacia en el combate al crimen y a la inseguridad. Una aspiración ciudadana de muchos años ¿Veremos ese nuevo resplandor?
¿Usted qué opina?
