Un tema que ha resultado muy polémico para el Presidente y el gobierno federal es la militarización de la seguridad pública.
Viernes 21 de octubre de 2022.
Sostienen que los críticos a la reforma constitucional presentada que se oponen a la ampliación del plazo inicialmente aprobado para permitir la presencia militar en las calles es una maniobra que no afecta la calidad civil que deben tener las instituciones de seguridad pública.
Recordemos que a través del decreto publicado en al diario oficial de la federación, de fecha 26 de marzo del 2019, tuvo lugar la muy discutida reforma a la constitución federal en la que curiosamente no toca el contenido de los artículos 16, último párrafo y 129 de la carta constitucional que se refieren al tipo de actividades que deberán realizar las fuerzas armadas en tiempos de paz, aprobando insertar para permitir a la milicia realizar actividades de seguridad pública mediante la inclusión en la propia constitución federal siete artículos transitorios.
La intención de la reforma fue que solo sería durante los cinco años posteriores a la reforma lo que permitiría tener soldados en la calle vestidos de policías, o sea que los soldados realizarían funciones de policía hasta marzo del 2024.
Durante ese periodo, se fijaron plazos para formar a la nueva institución policía a la que se le denominó Guardia Nacional, pero también se impuso obligaciones a los gobiernos estatales y municipales para diagnosticar la situación que guardaban sus estados de fuerza policiales y proceder a su recuperación y profesionalización.
Sacar al soldado de los cuarteles militares se afirmó que sería temporal y durante esos cinco años, por lo que transcurrido ese plazo regresarían a sus cuarteles y las instituciones de seguridad pública asumirían totalmente su función en el ramo.
Esa reforma constitucional quedó en meras expectativas, en letra escrita sin vigencia, porque en los cuatro años que han transcurrido a partir de esa reforma, no se ha hecho nada. La Guardia Nacional decepcionante y las policías estatales y municipales peor que cuando se aprobó dicha reforma.
La Guardia Nacional se crea dotándola de personal militar comisionado de las secretarías de la defensa nacional y de marina, porque los activos civiles de la extinta policía federal fueron dados de baja en su totalidad.
La Guardia Nacional es una institución militar. Desde su nacimiento solo el mando es civil o sea el titular de la secretaría de seguridad y protección ciudadana. La constitución federal refiere que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil y no que solo el mando sea civil.
El error es de origen y se ha permitido de manera aberrante esa violación flagrante a nuestro régimen constitucional por todos los mexicanos, iniciando con los legisladores, los partidos políticos, las organizaciones de profesionistas y toda forma social organizada.
Solo analicen los siete artículos transitorios de la reforma constitucional de 2019. Las fuerzas armadas se apropian de la seguridad pública y desplazan a las instituciones de policía con la complacencia de los legisladores que la aprobaron en esos términos.
La mancha de complicidades que se pactaron entre los legisladores que fueron amenazados con investigarlos y encarcelarlos cedieron al chantaje y aprobaron esa temporalidad obligada.
Ahora se repite el mismo hecho. Se exigió, aunque fue a través de una iniciativa, que se reformara el artículo quinto transitorio y se ampliara el plazo de presencia militar en las calles hasta el 2028 o sea cuatro años más.
Una institución se militariza desde el momento que sus integrantes forman parte de la fuerza armada militar y que en su mando operativo no sea ejercido por un civil. Es lo que ocurrió con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.
Privar a la secretaría de protección y seguridad ciudadana de la policía dependiente de la misma que era la Guardia Nacional, para transferirla a la secretaría de la defensa nacional, es militarizar la seguridad pública.
La reforma a la ley de la Guardia Nacional, todas las facultades de mando y selección del personal operativo que formarán la Guardia Nacional será resuelto por la secretaría de la defensa nacional. La o el titular de la secretaría de seguridad pública solo tendrá facultades para expedir nombramientos al personal administrativo y en los casos del personal operativo solo serán a propuesta del mando militar respectivo.
El mando no es la institución. La violación es total y la militarización es una realidad.
¿Usted qué opina?
