Gobiernos van y vienen y el discurso de la transparencia gubernamental en el gasto público ha sido una constante y los desvíos del presupuesto siguen enriqueciendo a muchos.
Miércoles 19 de octubre de 2022.
Las revisiones que llevaban a cabo los congresos legislativos y ahora las auditorías superiores de la federación y las de los estados, no han dejado conformes al reclamo ciudadano. Las cuentas públicas de los gobiernos federal, estatales, municipales y de organismos descentralizados, registran desvíos que continuamente se ocultan por el maquillaje numérico de la contabilidad gubernamental.
La revisión del gasto del presupuesto público no debería quedar solo en eso, sería conveniente que esa fiscalización llegara hasta la revisión patrimonial del político antes de ser gobierno, su paso en el gobierno y después de haber dejado de ser gobierno. Las declaraciones patrimoniales obligatorias de los servidores públicos han sido y siguen siendo una total simulación.
Los compromisos políticos, sin importar la filiación político partidista de quien asume la responsabilidad gubernamental, han sido un común denominador. Los que se van no quieren que se les revise y hacen de todo para que el aspirante a sustituirlo quede lo más conforme con los conocidos arreglos en lo oscurito. La sociedad lo grita, pero todo queda en el vacío.
El enojo social se manifiesta y le ha puesto en muchos casos nombres y apellidos a los gobernantes corruptos. Los desfalcos al presupuesto gubernamental han sido continuos y escandalosos en muchos casos, los puestos laborales que han ocupado ha sido lo de menos.
Los hechos se conocen y nadan en la impunidad. Obra pública que se realiza abultando costos de ejecución, proveedores favorecidos por el parentesco y amiguismo del político en el poder, las obras del gobierno es un atractivo presupuestal.
Arreglos económicos al 80-20 o 70-30 del presupuesto autorizado para la obra pública o por la compra de los insumos necesarios para el funcionamiento de las dependencias del gobierno, con facturación del 100%, han permitido a muchos solventar sus ambiciones económicas. El discurso del combate a la corrupción, en eso ha quedado. En un atractivo discurso gana votos.
Las dependencias del gobierno encargadas de vigilar la correcta aplicación del gasto púbico deberían hacer públicas las listas de funcionarios destituidos y sancionados por corruptos, y no solo aquellos casos que se mediatizan y que por ese motivo la sociedad se entera de lo que sucede en el gobierno.
Es tan grave el problema de corrupción en el País, que los casos de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, han servido para distraer la atención nacional de lo que ocurre en el gobierno.
Los medios de comunicación nacional y locales se han encargado de poner al descubierto casos de corrupción que no se atacan, dejando un sabor amargo de impunidad y de encubrimiento criminal.
Patrimonios millonarios que ofenden al pueblo construidos con el presupuesto del gobierno, son abundantes y sin castigo. Exgobernadores en la mira por fiscales y jueces y políticos en funciones como el que gobierna Mazatlán, en espera de ser castigados por el sello de corrupción que los identifica ¿Transparencia probada o impunidad solapada?
¿Usted qué opina?
