La Ley de Seguridad Interior fue aprobada por el Congreso de la Unión para reprimir a los inconformes del “magrafraude electoral” que el Gobierno planea para 2018, dice Alejandro Solalinde Guerra, sacerdote y activista de los derechos humanos.
Se trata de un “arma” del Gobierno en contra del pueblo para “reprimirlo y ahogarlo en sangre” cuando salga a protestar por el fraude. Y “no se va a tentar el corazón para hacerlo”, alerta el padre.
Solalinde Guerra también condena que mientras se aprueban leyes que atentan en contra de los mexicanos, un Gobierno emanado de uno de los partidos que votaron a favor la Ley, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se mantiene indolente ante el drama de los desplazados de Chiapas, en donde mueren niños de hambre y frío.
Este Gobierno en lugar de preocuparse por escuchar a la gente, a su pueblo, ya está haciendo un arma contra el pueblo, para reprimirlo y ahogarlo en sangre, porque no se van tentar el corazón para hacerlo”, afirmó el padre.
La Ley de Seguridad Interior fue aprobada la madrugada de este viernes en el Senado de la República con 71 votos a favor (del Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Verde Ecologista), con 34 en contra y tres abstenciones; para luego, durante las primeras horas de la mañana ser aprobada por la Cámara de Diputados en lo general y en lo particular sin respetar procesos, ni tiempos y con sólo 262 legisladores en el pleno.
El sacerdote previó que en 2018, de concretarse ese “megafraude electoral”, la población no se quedará callada.
“La gente tiene que despertar. No nos vamos a quedar callados ni tranquilos”, consideró.
Alejandro Solalinde lamentó que el Congreso de la Unión aprobara una Ley que fue criticada por voces autorizadas del país y del extranjero.
Organizaciones civiles, expertos, defensores de los derechos humanos, actores y la oposición en México llamaron a no aprobar la Ley de Seguridad Interior por considerarla en detrimento de los derechos humanos, las garantías individuales y ambigua.
Jan Jarab, representante de la Oficina en México, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, envió una carta al Senado de la República expresándole en 14 puntos su preocupación en torno a la Ley.
Algunos de esos puntos son: la ambigüedad de conceptos, la violación al principio de necesidad, el papel indebido de las Fuerzas Armadas, el sometimiento de la autoridad civil al mando militar, la ausencia de controles, la ausencia de políticas de fortalecimiento de las instituciones, la indebida regulación del uso de la fuerza, la indebida protección y garantía de los derechos humanos, las afectaciones a la protesta social, la ausencia de transparencia, la lesión a la autonomía, la inconstitucionalidad e inconvencionalidad, el ámbito de excepción del derecho procesal administrativo y la ausencia de explicitud de los principios rectores.
El sacerdote acusó además que los legisladores mexicanos “administran a su antojo” al país, sin interesarse en los derechos humanos de la población.
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