La impunidad. Un desafío sin resolver por la fiscalía general del estado. ¿Tendrán el registro del rezago histórico de órdenes de aprehensión sin cumplimentar?
Viernes 18 de febrero de 2022.
El crimen sin castigo es un daño terrible para la sociedad. El problema tiene diversas aristas. El delito que se comete y no hay detenciones.
El delincuente huye o lo dejan escapar. El delincuente es detenido y al calificarse su detención resulta que la policía no lo hizo bien y los jueces lo ponen en libertad o teniendo acreditada la identidad del delincuente se libra la orden de aprehensión y no se le detiene, entre otros motivos.
Los sinaloenses estamos a merced del hampa y no hay castigo para la gran mayoría de los delincuentes. Lo mismo se replica en todo el territorio nacional.
La crisis de impunidad se ha necrosado. No es producto de esta administración. Ha sido la recurrente culpa social, porque no ha existido un atrevimiento social para exigir que ya basta de amigos, compadres e ineficientes para investigar y procurar que el crimen no quede impune.
El mandato constitucional no se cumple. El castigo al culpable no llega y la reparación del daño a la víctima del delito tampoco se satisface. Si llevamos a cabo una revisión en retrospectiva de quienes han sido los titulares de la antigua procuraduría y de la ahora fiscalía, tendríamos respuestas contundentes de que ha prevalecido la protección gubernamental para que la impunidad prevalezca.
Voces colectivas y medios de comunicación se han encargado en diversas notas de los vínculos que han existido entre cabazas de cárteles del crimen organizado y algunos gobernantes de la entidad.
Las áreas de inteligencia de la federación han permanecido calladas y sin castigo contra los desleales servidores públicos a esos niveles de gobierno.
La impunidad se ha arraigado al grado de volverse intolerable y un temor general de sufrir daño en su seguridad personal por el solo hecho de atreverse a exponer públicamente los hechos que cotidianamente se producen en nuestro entorno y que no hay sensibilidad gubernamental para enfrentar al delincuente.
En mi participación en este último proceso para el nombramiento de fiscal, manifesté como compromiso de dar a conocer el rezago histórico de ordenes de aprehensión sin ejecutar y la estrategia operativa para cumplirlas.
El tiempo avanza y la impunidad no solo prevalece, también crece.
Hasta ahorita no sabemos cómo sociedad, cuantos malhechores andan sueltos cargando una orden de aprehensión. Los habitantes de la comunidad realizamos nuestra actividad cotidiana compartiéndola seguramente con algún delincuente.
Indagar el dato a través de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), no la vamos a obtener, porque es una información reservada. Sin embargo, el Gobernador, puede ordenar que se informe la situación que prevalece en ese rubro de la procuración de justicia de Sinaloa y que medidas se están aplicando para dar cumplimiento a un registro de vergüenza en el Estado.
Es un tema, lo dije en la opinión de ayer, que debe estar en la agenda de pendientes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para iniciar de oficio un procedimiento por violación de derechos humanos en perjuicio de todas las víctimas de cada delito por el que se ha girado una orden de aprehensión y permanecido sin cumplir. ¿se le apuesta a combatir la impunidad con la prescripción del delito?
Los colegios de profesionistas, los diversos organismos de la sociedad civil, las cámaras empresariales y los medios de comunicación, deberían pronunciarse para exigir un alto a la impunidad y que el delito se castigue. ¿Enmarcadas las ordenes de aprehensión?
¿Usted qué opina?
