La estrategia ante abusos a menores de la Iglesia latinoamericana está basada en el ocultamiento, el miedo a desatar conflictos familiares y la vergüenza
FEBRERO 11, 2022.
Casi una década después de que el caso del sacerdote Fernando Karadima rompiera el tabú en Chile y espoleara la denuncia de abusos en países como Colombia, México, Nicaragua o Argentina, las víctimas se quejan de que el enorme poder que conserva la Iglesia Católica haya logrado consolidar el encubrimiento, diluir la presión mediática y social y ralentizar la vía judicial.
Una influencia política y social intimidatoria que se refleja en las cifras: pese a ser la región del planeta con mayor población católica y el escenario de algunos de los casos más famosos, Latinoamérica destaca también por ser la que tiene la menor tasa de denuncias -apenas un millar-, según estadísticas de la ONU.
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Providencia, en Santiago de Chile.
Y aunque en 2019 el prestigioso centro de pensamiento británico Child Rights International Network (CRIN) pronosticaba una reactivación gracias a la implicación de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en diciembre de 2020 anunció un programa de defensa de las víctimas.
Lo cierto es que desde entonces la polémica ha casi desaparecido del foco mediático y legal debido, según algunos expertos, a la pandemia de COVID-19 pero sobre todo a la efectiva acción de la jerarquía eclesiástica, que ha redoblado una estrategia basada en el ocultamiento, el miedo a desatar conflictos familiares, la vergüenza, y distintos estigmas sociales hacia la homosexualidad, un prejuicio todavía muy extendido en todo el continente.
“La verdad es que incluso la Fiscalía ha bajado mucho la intensidad de la persecución, lo que es curioso”, explica a Efe el chileno José Andrés Murillo, víctima del ya fallecido sacerdote Karadima, al que el Vaticano condenó en 2011 por abusos cometidos entre 1980 y 2006, y que murió sin rendir cuentas a la justicia civil.
“Para poder enfrentar (el problema) de forma real y sustentable se requiere ir a la raíz. Y eso es lo que no han hecho en la Iglesia, ir a la raíz de la estructura del poder, la estructura del abuso, qué es lo que ha hecho que ocurra el abuso y qué es lo que ha hecho que ocurra el encubrimiento”, añade.
“Hablando de Chile, probablemente en términos absolutos no vivimos lo más grave, pero sí tuvo un nivel de publicidad mucho mayor porque hoy día la gente tiene mayor conciencia. Pero en Bolivia, en Paraguay, en México, en Brasil, en El Salvador, el poder que tiene la Iglesia Católica es realmente alucinógeno y muy peligroso”, advierte.
Encubrimiento y desconocimiento en Colombia
Encubrimiento, connivencia y poder eclesial son los términos que destacan también víctimas e investigadores en Colombia, a pesar de que la Iglesia Católica reconoció en 2019 más de un centenar de casos cometidos por sacerdotes.
“Solo en la Archidiócesis de Medellín hay al menos 43 religiosos con antecedentes de abusos sexuales a menores“, explica a Efe el periodista Juan Pablo Barrientos, autor del libro “Dejad que los niños se acerquen a mí”, en el que se narra el caso del padre Roberto Cadavid, “un depredador sexual que violó niños en una parroquia en Bello”.
A Cadavid le tuvo que sacar de este municipio de Antioquia la Policía “cuando lo iban a matar los combos (bandas dedicadas al narcotráfico y la extorsión) porque precisamente violó al hermanito de uno de los delincuentes”, recuerda.
Pero lejos de castigarlo, fue trasladado en 2005 a otra parroquia donde siguió acumulando denuncias, tantas que el arzobispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón Restrepo, optó por enviarlo a Nueva York para tratar de tapar el escándalo.
“Aquí vemos un caso de encubrimiento y de protección a un pederasta documentado desde hace cuatro años”, argumenta Barrientos, para quien solo se conoce la punta de una pirámide que en su opinión tiene una base muy amplia.
“En Medellín no son uno ni dos ni tres sino que hay decenas de curas pederastas. Yo creo que el número podía pasar de 100 curas que han abusado de niños, niñas y adolescentes y que aún siguen en parroquias, protegidos por el arzobispo de Medellín. Podría decir que entre el 20 y el 30 por ciento de los sacerdotes (en Colombia) tienen denuncias por abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes”, señala.
“Dios en el cielo y Marco Dessi en la tierra”
En Nicaragua, el caso de Marco Dessi, un sacerdote italiano juzgado y condenado en Italia por abusar de seis menores de edad en la provincia Chinandega, donde vivió 30 años, muestra cómo ese poder eclesial se proyecta a través de una veneración casi mística, que ejerce de escudo protector, especialmente entre las clases más pobres.
Allí, muchas de las denuncia no prosperaron a causa de los ataques lanzados contra los primeros seis denunciantes, a los que se recriminaba que vilipendiaran a un hombre santo que había fundado el Hogar del Niño, la Comunidad Getsemaní, un coro de niños y muchas otras obras para beneficio de la niñez y la adolescencia chinandegana, sus víctimas, explica Efe, Lorna Norori Gutiérrez, coordinadora del Movimiento Contra el Abuso Sexual.
Existía una “devoción impresionante” hacia Dessi, al que se apoyó con vigilias, rosarios, procesiones y hasta con pronunciamientos de personalidades nicaragüenses. La presión hizo que cuatro se quedaran a vivir en el exterior, y solo dos regresaron a Nicaragua, donde viven sin hablar del tema y con bajo perfil..
“Podemos decir que nunca vamos a saber cuántos niños y adolescentes fueron abusados por Dessi”, a quien le encontraron miles de fotos y videos de pornografía infantil en su ordenador, advierte Gutiérrez para quien Dessi se aprovechó, no se sabe si de forma consciente, del afecto, la confianza y la devoción.
“Visitaba a las familias de estos niños y adolescentes, familias pobres de Chinandega, que confiaban totalmente en el sacerdote, asumían que sus hijos no podían estar más seguros en otra parte que con el padre. En Chinandega se dice: Dios en el cielo y el sacerdote Marco Dessi en la tierra”, señala la investigadora, para quien ese poder ha hecho que otras denuncias no hayan prosperado.
Según sus registros, el primer caso fue el del sacerdote Zenón Corrales, a cargo de una parroquia en la ciudad de Matagalpa (norte), acusado de abusar en 1997 de una niña. La respuesta fue trasladarlo a otra parroquia. Tras el escándalo Dessi, denuncias se multiplicaron en las ciudades de Granada, Diriomo, Bluefields, Camoapa, Masaya y Juigalpa pero el patrón se repitió: la jerarquía católica nicaragüense respondía con el traslado como forma de encubrir el delito, insiste.
Abusos en el país del papa Francisco
Durante años, la Iglesia argentina trató de obviar las denuncias de abuso sexual a menores, optando por el silencio más estricto.
Ejemplo de esta política de ocultamiento es Sebastián Cuattromo, quien sufrió abusos en el Colegio Marianista de Buenos Aires, una institución “fuertemente autoritaria, donde había múltiples abusos de poder”.
“Ese chico que yo era con trece años se sentía muy vulnerable dentro del colegio, frente a este abusador sexual que era el hermano marianista Fernando Picciochi”, relata Cuattromo a Efe. Tras doce años de lucha en los tribunales, en 2012, la Justicia argentina condenó al abusador a doce años de prisión, una experiencia “reparatoria” para el abusado pero que reveló la “cultura institucional de abusos de poder, violencias y de malos tratos”.
Diez años antes, en 2002, el colegio había ofrecido a Cuattromo una compensación civil por los daños ocasionados, siempre y cuando la mantuviera en la más estricta confidencialidad. ¿Qué hizo, entonces, Cuattromo? Acudir al Arzobispado de Buenos Aires, dirigido por el entonces cardenal Jorge Bergoglio, actual papa Francisco, para saber si la Iglesia avalaba los intentos por ocultar esta realidad.
Tras varios encuentros con el obispo Mario Poli, la Iglesia comunicó a Cuattromo que respaldaba la actitud de la escuela, poniendo de manifiesto el trato “subestimador” de las máximas autoridades eclesiásticas.
“Esos cambios de política, profundos, radicales, que se deberían producir en la Iglesia católica con respecto a las complicidades con los agresores, a los encubrimientos, al desconocimiento del dolor de las víctimas, están muy lejos de haberse producido”, opina Cuattromo.
Sin castigo
México, que cuenta con una larga historia de pederastia, fue escenario de otro de los escándalos más mediáticos, el que protagonizó el padre Marcial Maciel (1920-2018), fundador de los Legionarios de Cristo, una de las órdenes más extendidas, ricas e influyentes del mundo.
Desde entonces, y según datos de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), al menos 271 sacerdotes han sido investigados por abuso sexual “sin que halla consecuencias” explica Efe, Cristina Sada Salinas, activista social contra los abusos clericales del norteño y conservador estado de Nuevo León.
Maciel fue acusado de abusos sexuales contra decenas de seminaristas, una denuncia que abrió la puerta a que en 2019 la cantante Ana Lucía Salazar revelara que también había sufrido abusos entre 1991 y 1993 en un colegio de los Legionarios en Cancún.
“Lo que hicieron fue lo que hacen siempre, se llevaron (al clérigo acusado) de Cancún. De la noche a la mañana ya no estaba”, explica Efe, Bani López, que denunció igualmente a la misma escuela y cuyo único deseo es que los Legionarios desaparezcan.
“Por cada víctima que conocemos, probablemente hay 50 o 100 más”, insiste Sada Salinas, para quien la reparación nunca podrá llegar sin el reconocimiento de la grave situación en el interior de múltiples instituciones religiosas de México, un país profundamente creyente.
“Ojalá algún día la Iglesia se transforme en un refugio para las víctimas y no en un refugio para los abusadores como es hoy en día. Y así seríamos aliados”, subraya a Efe con un retazo de esperanza entre tanto pesimismo el chileno Murillo.
