¿COMISIÓN DE DIPUTADOS Y AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO INVESTIGARÁN LA USE?


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Un asunto de interés general y en particular de los maestros, obliga a desenredar el tejido anudado del inmueble de la Unidad de Servicios Estatales.

Jueves 10 de febrero de 2022.

Que bien que el Gobernador del Estado Rocha Moya, y después el Secretario General de Gobierno Enrique Inzunza, hayan asumido el reto de informar a los sinaloenses de la situación que guarda el cuestionado inmueble donde opera la Unidad de Servicios Estatales (USE).

Sin embargo, la información que se ha proporcionado todavía resulta insuficiente. Entendemos que se debe ser cauteloso en el manejo de la información que gira alrededor de ese asunto por las implicaciones políticas que puede propiciar.

Quizá el inmueble en el que se encuentra la Unidad de Servicios Estatales haya sido de una empresa privada, como se dijo. Aun así, debemos partir de la premisa que el decreto expropiatorio de la franja colindante por ambos lados de los ríos Humaya, Tamazula y Culiacán, describe con claridad los particulares que fueron afectados con dicha medida gubernamental.

El Estado negoció y liquidó las indemnizaciones por conducto de su descentralizada Desarrollo Urbano Tres Ríos, misma que a la fecha, es la responsable de urbanizar y comercializar los inmuebles de dichas franjas. Si la transacción se realizó el 2004 la comisión mencionada o la ASE, tendrían mucha materia de investigación.

Para ser sistemáticos en la información, debería decirse, no se ha dicho, si el inmueble objeto de estos cuestionamientos, fue cedido antes de la expropiación al fideicomiso de la Sección 53 del SNTE, o si fue cedido al fideicomiso una vez expropiado.

Sería conveniente, surgen las suspicacias, saber también, quiénes son los accionistas de dicha persona moral cedente del dominio.

La información del señor Secretario General de Gobierno debe ser considerada para que la Comisión de Diputados que se nombre si es que se llega a ese nivel, como ciudadano espero que si, o en su caso la ASE, se tendría que determinar porqué el Comité técnico del Fideicomiso se integró con funcionarios del Gobierno del Estado considerando que los dineros utilizados por la Sección 53 del SNTE, no eran públicos ya que pertenecían a un ente jurídico distinto del Estado.

El Comité Técnico, administra el fondo fideicomitido, se apega a un reglamento aprobado al que se sujetarán la fiduciaria y el propio Comité.

Hemos comentado también que son nudos en ese hilo de estambre que tienen que ser desatados. Un tema que no debe ser complicado resolver lo han convertido en un asunto de interés nacional.

La nueve negra que rodea la adquisición de ese inmueble ¿obligará ser cuidadoso en la información que debe ser del dominio público?

La USE, será un eje central en las responsabilidades que asuma la nueva dirigencia sindical de la Sección 53, porque los maestros tienen el imperioso derecho de conocer el destino de millonarias cantidades recibidas en su Sección, sin recibir ningún beneficio.

Para disponer de las cuotas sindicales y otras aportaciones que beneficiarían a los maestros debió tenerse la autorización de la mayoría de los sindicalizados, sería materia de la investigación que se realice, porque no se ha dicho. Adquirir el inmueble sin el consentimiento de los dueños del dinero sería un acto que debería ser anulado y fincar responsabilidades administrativas y penales a los culpables.

La adquisición del inmueble pudo ser producto de hechos que conforme a la ley penal los considere como delitos. Si no se conocen a cabalidad esos hechos, seguro que la figura de prescripción no resultaría procedente si es a lo que le apuestan los autores de ese crimen contra los maestros.

Se dice que hay una figura jurídica que ampara la propiedad del inmueble. Que se investigue la legalidad de sus orígenes y que el pueblo de Sinaloa quede no solo informado sino satisfecho que los dineros utilizados y la operación traslativa de dominio, fueron lícitos. De lo contrario, que el Gobierno del Estado, el Congreso, la ASE y los Maestros, sean los que exijan la claridad de los hechos y resarcir la reparación del daño causado.

¿Usted qué opina?


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