¿Se quiere una seguridad pública eficaz y un sistema de justicia penal que responda a las expectativas ciudadanas?
Viernes 28 de enero de 2022.
Refórmese la constitución y leyes respectivas para derribar barreras competenciales y construir un sistema policial profesional y eficiente.
La formación adecuada de la policía ha sido y sigue siendo el talón de Aquiles de los gobiernos federal y el de las entidades federativas. Ha habido resistencias para tener una estructura policial profesionalizada y que responda a las expectativas ciudadanas.
Seguiré diciendo por este medio y por los que sean necesarios lo necesario que es reformar la constitución como un imperativo para derribar fronteras competenciales entre las policías dependientes de la federación y las de los estados y municipios en la prevención y la investigación criminal.
No comparto la opinión de que las policías estatales y municipales no se encuentran en aptitud de participar en la investigación del crimen organizado, por su proclividad a la corrupción y porque no cuentan con una formación especializada y los recursos técnicos necesarios para desarrollar eficazmente tareas de investigación en ese campo del delito.
Las políticas públicas que desde hace muchos años se vienen instrumentando principalmente por el gobierno federal y que trasciende a los estados, parece que tienden más a proteger a las organizaciones criminales que establecer todo un sistema que las ataque, las desarticule y los encarcele.
Muchos son los crímenes que se cometen y también muy numerosos los criminales que lo hacen. Las estadísticas de detenciones en flagrancia, por investigación o por ejecución de ordenes de aprehensión, son muy escazas, en comparación al universo de delitos que se cometen en el País.
Llega un gobierno al poder con una agenda de compromisos que registraron en sus campañas políticas, donde se comprometen a enfrentar la inseguridad y abatir la impunidad. Luego se justifican porque sus intereses no los dejan cumplir, que las policías son las corruptas y que la milicia es el medio para sanear esos males que impiden ser eficaces en el combate al crimen y a la inseguridad.
La intriga gubernamental ha sido la fuente del desprestigio policial. Sacar a un ejército amodorrado de los cuarteles, facilita la presencia uniformada en la calle, pero resuelve la inseguridad que nos arrolla.
El crecimiento de las organizaciones criminales no es el producto de la corrupción policial, han sido las decisiones políticas torpes del gobierno federal y de los estados en la designación de los mandos policiales al frente de las instituciones policiales, que en gran medida han contribuido a que ese mal se propague.
La resistencia sistemática de los gobiernos para que la formación policial sea un imperativo, es el compromiso insultante del poder político y los señores del narco. Los institutos y las academias de policía es una simulación producto del favorecimiento de los intereses políticos que convienen mantener. La policía deficientemente formada y mal pagada es la mercancía que se oferta para difundir desde dentro del gobierno la corrupción policial, como medio para utilizar a conveniencia, el poder militar.
No toda la milicia es sana, y su formación es muy costosa. Los privilegios los tienen ellos a montón, las migajas se las tiran a la policía civil. La sociedad mucha culpa tiene, su pasividad se convierte en cómplice de la ineficiencia policial y militar.
La solución no es la milicia en la calle. Las políticas públicas deberán dirigirse a crear y profesionalizar una estructura policial que responda al desafío gubernamental para proscribir la inseguridad y que la impunidad no sea un motivo de temor social.
Ya basta de politizar la corrupción policial desde las estructuras del gobierno y reconstruyan el daño que han causado a las instituciones policiales. Hago un llamado a las organizaciones políticas y de la sociedad civil para que abanderen el retorno de la policía civil y el regreso de los militares a sus cuarteles.
¿Usted qué opina?
