Desaíran al Congreso del Estado en el proceso de selección de aspirantes al Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado. Solo tres aspirantes se registraron de cinco que habrían de elegir.
Lunes 24 de enero de 2022.
Se pierde el interés ciudadano en formar parte de los organismos públicos en los que la sociedad tiene la oportunidad de ser actor en las determinaciones que fortalezcan la institución que investiga el delito y contribuir al combate de la corrupción.
El compromiso social del Consejo Consultivo no es ocioso, permite opinar sobre el informe que el Fiscal General rinde a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que aunque no lo dice, debe presumirse que es todo lo que la Institución del Ministerio Público realiza en materia de investigación criminal y ejecución de órdenes de aprehensión.
Asimismo, dicho Consejo interviene en el informe que el propio Fiscal realiza respecto del gasto anual de la dependencia a su cargo. Se entiende que deberá formular objeciones en los casos en que el Fiscal General de manera unilateral se incremente arbitrariamente los salarios al igual que a sus incondicionales, después de que el Congreso haya autorizado las percepciones anuales para dichos funcionarios públicos.
El Consejo debe ser un aliado de la legalidad y no un alcahuete del Fiscal general. Es un vigilante de la aplicación transparente y buen uso del presupuesto gubernamental. Está obligado a denunciar también aquellos casos en que alguna persona cobre salarios y prestaciones como empleados de la mencionada institución, pero que nadie los conoce ¿fantasmas en la Fiscalía?
La sociedad se resiste a participar porque cada vez observa mayor simulación en las instituciones del gobierno. Principalmente en las áreas de seguridad pública y procuración de justicia. Se cumple con una exigencia legal pero la corrupción continua.
El Consejo Consultivo, es un componente social que no se escucha dentro de la Fiscalía. Podría ser por el atractivo premio económico que mensualmente reciben por avalar los informes del Fiscal General, no obstante que esos supuestos nombramientos se diga que son honoríficos. Es más gratificante dejar hacer y dejar pasar que sacrificar la rentabilidad de su silencio.
Lo cierto es que se escucha que la Fiscal General investiga ciertos desvíos de bienes materiales como vehículos y otros, como también diversos actos de corrupción de algunos servidores públicos de diferentes niveles y jerarquías, que en cualquier momento nos podrían dar algunas sorpresas.
Los hechos que calladamente investiga la Institución a cargo de la Maestra Sara Bruna Quiñonez hablan bien de ella. Rendir las mejores cuentas a una sociedad que ansía desesperadamente el abatimiento del delito y la impunidad, es impostergable. Hacerlo en la calle es un deber y barrerlo desde adentro merece nuestro aplauso. Limpiar el lodo que salpica toda la estructura de la institución, no le será fácil quitar las costras y borrar las manchas como el peor de los tatuajes.
Se ha instruido al personal mejor trato al ciudadano y la atención con el mejor esmero. Sin embargo, sigue todavía en la sección de atención temprana dependiente de la Fiscalía Estatal, recibiéndose denuncias sin imprimir el sello en el ejemplar del denunciante, no hay acuse de recibo y tampoco forma de probar su presentación de llegarse a perder dicho escrito de denuncia como ha ocurrido en algunas ocasiones. Los derechos de la víctima deberán privilegiarse al manejo tendencioso de la estadística criminal.
La sociedad desconfía. Los hechos deberán demostrar el interés gubernamental en desterrar complicidades y corrupción. Las dudas prevalecen. Ejemplos claros, el desaire ciudadano para integrar el Consejo Consultivo de la Fiscalía y la forma de nombrar al secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica y a su Coordinador General, no inspiran esa confianza que se requiere.
¿Usted qué opina?
