El fenómeno delictivo es una vertiente de la administración pública estatal que sigue sin atenderse con responsabilidad y profesionalismo.
Lunes 10 de enero de 2022.
Siguen ocurriendo a lo largo y ancho del Estado, hechos que prenden continuamente los focos de la alarma social porque entre las víctimas de la delincuencia se encuentran niños y mujeres. No responden los programas sociales de prevención general ni tampoco se cuenta con un diagnóstico que describa objetivamente la realidad antisocial en Sinaloa.
Se constituye recientemente un consejo para formular las líneas de acción en materia de seguridad púbica y cuya protesta la tomo el secretario estatal de seguridad pública. lo curioso es que sus integrantes en su gran mayoría son del sector público con excepción de algunos representantes del sector privado con la ausencia de representantes de la comunidad y del gremio de los Profesionistas. Consejo a modo, porque habrá más de lo mismo.
Para formular las estrategias en materia de seguridad pública con un mejor contenido ya sea para prevenir e investigar el delito, deberían considerarse las opiniones y propuestas de expertos que los hay en el Estado y no necesariamente partir de la premisa de que los mejores deben ser los que se encuentran vinculados a una responsabilidad pública en áreas de seguridad ciudadana y procuración de justicia. Es una falacia.
Se repiten los mismos patrones de comportamiento. Se reciclan las diferentes propuestas que por muchos años se han comprometido los gobiernos llevarlas a cabo y ahí se quedan como textos decorativos en los planes estatales de desarrollo y al final de las administraciones gubernamentales al cesto de la basura.
Para atacar la inseguridad, debe haber programas de prevención y, si los hay, no se ve que se apliquen. Debe haber también un estado de fuerza policial por municipio que sea suficiente y capaz para disuadir las conductas antisociales y el delito, tampoco lo hay.
En la formación policial se vislumbran algunas diferencias. Escuinapa, ha dicho a través de su Presidenta, que formará el número de policías que se requieren para frenar la inseguridad que se padece en esa parte del Estado. ¿Lo hará sin recurrir a la Universidad de la Policía? El Rector de dicha Institución ha guardado silencio ante el anuncio realizado por la Presidenta del Ayuntamiento de Escuinapa. ¿No ha sido autorizado para opinar?
¿Cada municipio asumirá su propia determinación en la formación policial? ¿La nueva ley de la Universidad de la Policía, no los obliga? Del texto del artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad de la Policía de Sinaloa, señala que: “La Universidad será la instancia competente en materia de capacitación, formación profesional y especialización de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Para tal efecto ejercerá las facultades a que se refiere el artículo 47 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.”
¿No habrá una barrera constitucional que impida imponer a los Municipios la obligación formativa de los policías de Sinaloa a través de un órgano público estatal descentralizado como es la referida Universidad? ¿La Universidad creada por el Congreso Estatal, no se excedería en sus atribuciones legislativas fundando un órgano intermedio entre el Municipio y el Estado?
Para los constitucionalistas es un tema que debe ser interesante analizar por lo que dice el artículo 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos: “Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad.
La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.”
La seguridad pública y tránsito es un asunto del Municipio y no del Estado. ¿Serán necesarios los convenios respectivos entre el Estado y el Municipio para que la formación policial se le encargue a la Universidad de la Policía? La Ley Orgánica de dicha Institución solo habla de convenios con la Fiscalía Estatal cuando con esta no serían necesarios.
¿Usted qué opina?
