El gobierno federal morenista lleva tres años dirigiendo la administración y no hemos visto castigo contra quienes han sido señalados como saqueadores del presupuesto
Jueves 9 de diciembre de 2021.
El Estado se disuelve en la ola violenta que lo azota desde hace años. La sociedad reclama seguridad y confianza en sus autoridades. Se tienen que replantear nuevos procesos para rediseñar las actividades en las estructuras de seguridad estatal y municipales.
El Estado ya no soporta más corrupción e inseguridad. Quirino dejó vacías las arcas públicas. Hay observaciones en las revisiones presupuestales que se realizan, pero el discurso parece no dirigirse a castigar los desvíos.
No se trata de iniciar persecuciones contra nadie. Pero debe castigarse la corrupción. ¿Hasta donde se podrá calificar la conducta del servidor público para considerarla materia de responsabilidad administrativa o en su caso de sanción penal, o, mejor dicho, calificarlo de corrupto?
La sociedad está hastiada de tantos patrimonios que se ha forjado a través del servicio público y han permanecido sin sanción. Se ha mencionado mucho que los gobiernos priistas y panistas se han distinguido por corruptos. Pero debemos preguntarnos, ¿dónde están los castigos contra quienes se les ha responsabilizado de desviar recursos públicos para su provecho personal?
El gobierno federal morenista lleva tres años dirigiendo la administración y no hemos visto castigo contra quienes han sido señalados como saqueadores del presupuesto. Solo un personaje que está siendo procesado (Emilio Lozoya), con quien se tuvieron demasiadas consideraciones, hasta que por un error que el mismo sujeto cometió, se vieron obligados a seguirle proceso, de lo contrario seguiría en libertad.
Las complicidades entre policías y miembros de la delincuencia organizada se siguen dando. Pero no solo policías, también funcionarios y mandos superiores. Sin embargo, aun cuando las áreas de inteligencia de las fuerzas armadas cuentan con toda esa información, tampoco se procede en contra de quienes contaminan la confianza y la credibilidad social.
Reconstruir la organización policial, es un asunto de educación. Es cultura y es el conocimiento adoctrinado de la legalidad. Pero eso no es todo, es un asunto de presupuesto y de condiciones dignas para los operadores del sistema integral de la seguridad ciudadana. Es profesionalizar al policía y a la trilogía del ministerio público.
Dirigir la institución del ministerio público, no debe ser materia de discusión si los titulares son hombres o mujeres. No hay que perder tiempo en reconocimientos estériles de que por fin llegue una mujer al mando del ministerio público. hay que exigir que sean personas con el conocimiento y la disposición de que la criminalidad disminuya y que se enfrente con determinación la investigación de los delitos sin importar los riesgos que esa misión imponga.
La falla radica en las decisiones políticas del gobernante, lo que permite vigorizar al delincuente por esas debilidades del sistema. Una falla más y que se ha vuelto sistemática, han sido y son las recomendaciones de los militares, porque dicen, a mí no me consta, que son los que dominan mejor las estrategias de seguridad. Los compromisos políticos con empresarios allegados al gobernante, también contaminan el sistema de seguridad.
La violencia continuará porque no hay voluntad política de enfrentarla y erradicarla. Las organizaciones públicas y privadas para desarrollar programas preventivos para disuadir conductas antisociales no funcionan.
El discurso político seguirá dominando un escenario que encubra corrupción y crimen. Los delincuentes continuarán imponiendo el temor social ante la indiferencia de una autoridad timorata y rebasada por inepta.
¿Usted qué opina?
