Desde el momento que se propone llevar a cabo un proyecto de transformación en procuración de justicia, los cambios deberían revelarse de manera inmediata.
Miércoles 8 de diciembre de 2021.
Que bien que sea la primera mujer que arriba al cargo, pero la Fiscal General, tan pronto como llegó a la responsabilidad del Ministerio Púbico, debió anunciar las acciones que por semana deberían realizarse para acabar de manera gradual los rezagos que ofenden al pueblo de Sinaloa.
Las oficinas de atención temprana continúan con el rechazo de denuncias. Una herencia del antecesor y que muchas molestias acarrearon. ¿No bastara la comisión de los delitos que suceden a lo largo y ancho del Estado, para que a muchos ciudadanos afectados no se les reciban sus denuncias?
No hay acercamientos en la Secretaría Estatal de Seguridad Publica y tampoco en las municipales para seleccionar los grupos de investigación que deberán auxiliar al Ministerio Público en las investigaciones de los delitos del fuero común.
Los delitos se siguen cometiendo. Las policías preventivas no se ven. Ocurrió un robo violento en Culiacán, de muchos otros que suceden en el Estado, por desgracia se cometió un homicidio, se enlutó a una familia y por fortuna se detuvo a los malhechores. Hubo notas de reconocimiento. No las cuestiono. Pero no es lo suficiente para borrar años de ineficiencia y muchos delitos sin resolver.
Ser Fiscal General, es asumir de lleno lo que no hacen las policías. No se ha visto que está haciendo la policía investigadora. Esa que depende directamente de la Fiscal. Es cierto también, que hace poco llegó y no le ha dado tiempo de imponerse de los problemas que heredó.
Pediría como ciudadano, que se informe a la sociedad el rezago histórico que hay del número de averiguaciones previas sin resolver y los delitos sin castigar. Las ordenes de aprehensión sin ejecutar y cuantos delincuentes están en libertad.
Que se diga también, cuantas carpetas de investigación se están acumulando del nuevo sistema de justicia penal y los datos de sentencias condenatorias para castigar al delincuente. Seguro que informarían el número de juicios abreviados con penas negociadas.
Informen, no tengan miedo. Tenemos el derecho de saber los riesgos que nos rodean. Sería fantástico, además, que nos dijeran porqué tenemos ese terrible rezago criminal. Las respuestas quizás las podamos tener, pero qué mejor saberlas por quien tiene autoridad para darlas a conocer.
Se han escuchado reclamos de los peritos que exigen mejorar sus percepciones. Crear la Universidad del Policía no bastaría si los policías y el personal del ministerio público no se ven dignificados en sus percepciones. La corrupción seguirá siendo la premisa dentro de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.
Si el nuevo Rector no conoce las condiciones en que vive un policía, porque no ha tenido esa experiencia. Será difícil que se logren avances y la nube negra seguirá arropando la mediocridad policial y la ineficiencia en la investigación.
El Gobernador toma las decisiones, pero no siempre le podrán ser reconocidas. Los intereses políticos se siguen imponiendo, los dados se cargan en alfiles que influirán para que la corrupción siga anidada. ¿Conveniencia del sistema?
¿Usted qué opina?
