Corrupción, complicidades gubernamentales y violación de derechos, ha sido el común denominador en perjuicio de los trabajadores de la salud. Hoy se corrobora lo que por muchos años se ha solapado.
Muchas resistencias para investigar de fondo lo que sucede en la secretaría de salud, una realidad que debe ponerse al descubierto. Los hechos alarmarían a todos. Desvíos de recursos públicos, nombramientos otorgados de manera ilegal y otros que no corresponden a las funciones que muchos trabajadores desempeñan.
Auditar la expedición de nombramientos a trabajadores sin derechos, causaría alarma social. Mas de algún servidor público se vería involucrado en asuntos de tipo penal. Jubilaciones, fallecimientos, renuncias entre otros puestos que han quedado vacantes por tiempo considerable y que no se sabe o no se ha querido saber quien ha cobrado los salarios y prestaciones que en muchos casos se siguieron pagando.
Por ahí se dice que hubo o hay un despacho de Abogados que hicieron muy lucrativos negocios en alianza con el sindicato de trabajadores de la secretaría de salud e incluso, se dice también, que intervinieron en la formación de otras organizaciones sindicales para dar cabida a la basificación de trabajadores con plazas negociadas. Era más fácil resolver las basificaciones con una organización sindical local que con una nacional.
El mismo despacho de Abogados, también se me informa, pretende hacerse de la titularidad de la dirección jurídica de los servicios de salud de Sinaloa. Son tan imprudentes o cínicos que ni ellos mismos guardan discreción en sus pretensiones.
Se han dado algunos acercamientos, se ha dicho, con el Maestro Héctor Melesio Cuén Ojeda, y que ello ha sido posible por la intervención de un alto funcionario del Gobierno del Estado y muy cercano colaborador, por las simpatías que le guarda, del Gobernador Rocha Moya.
No conviene ni al Gobernador ni al Secretario de Salud, que se involucren personas cuyos fines son aprovecharse de la revuelta que se ha generado con las violaciones a los derechos de los trabajadores de la salud, en donde encontrarían beneficios muy rentables para los intereses que protegen.
Le digo también al Secretario Cuén Ojeda, que revise los criterios de actuación en la dirección jurídica de los servicios de salud, porque hay asuntos muy antiguos que le están constando muchísimos recursos al Estado porque tienen laudos de condena y entre salarios caídos y prestaciones cada vez le cuestan más y no los arreglan. Ese despacho de Abogados es quien se ha privilegiado con los arreglos realizados.
Convenio celebrado, porcentaje decoroso en favor del o de los funcionarios que intervienen en la solución. El negocio es bueno, el trabajador regresa al trabajo y el Abogado premia su trabajo. El arreglo concertado, en esos términos, es seguro y conveniente para el bolsillo de todos.
Tenga cuidado Secretario, rondan los zopilotes. El derecho de los trabajadores es el anzuelo y el presupuesto público la tentación. Por ello, reitero la recomendación, fórmese una Comisión de personas que garanticen los derechos que deberán ser reconocidos para las basificaciones y darle transparencia y publicidad a la solución allegada.
Celebro, de ser cierto, que desaparecerán los departamentos jurídicos de las dependencias gubernamentales. Que bien que se concentren en un solo mando y en una estructura que de confianza a la defensa legal de los derechos del Estado y a los trabajadores el saneamiento de sus derechos. Legalidad y transparencia, corrupción que se destierra.
Es tiempo Gobernador de poner un hasta aquí a la desmedida corrupción sindical en todas las áreas del Gobierno estatal. Su administración apenas ilumina, el recorrido por la brecha es largo y sinuoso, los remedios que se apliquen con honestidad y justicia seguro que enmendarán muchos males.
¿Usted qué opina?
