Dos años han pasado y las secuelas permanecen. 17 de octubre del 2019, se recuerda amargamente.

Humillante demostración de poder de la delincuencia organizada. Las fuerzas armadas se vieron diezmadas e incapaces para desarrollar estrategias efectivas y oportunas para evitar los trastornos vividos por la población en general.

Los hechos no se aclaran todavía. Persisten muchas dudas. ¿Quién falló en el operativo implementado para detener a Ovidio Guzmán? un capo buscado por autoridades extrajeras porque en México, al parecer, no cuenta con carpetas de investigación o alguna orden aprehensión, cuando menos hasta ese día de los hechos que todavía avergüenzan a los mexicanos.

Autoridades norteamericanas dirigían el despliegue de fuerza dirigido a un blanco que les resultó respondón y con mayor capacidad de movilización. La fuerza armada militar utilizada para ese operativo se vio tan mal que da pena recordar. Se sintió el vacío de autoridad, la sociedad tiene memoria, ni el Gobernador, tampoco el Fiscal, se atrevieron a opinar para explicar lo que había sucedido. No lo hicieron porque les dio vergüenza evidenciar su incapacidad o quizá algo más.

Fue el gabinete de seguridad, o sea la autoridad derrotada, fue la que informó de lo que había ocurrido. La versión difundida fue tan desafortunada que pareció que no se pusieron de acuerdo del porqué se había decidido dejar en libertad a la persona buscada y detenida. Fue mucho más el ridículo que hicieron que en el operativo desarrollado el día anterior.

La realización del operativo evidenció la pobreza en la planeación policial. La seguridad se vio desbordada y desencadenó el pánico social. Se optó por lo más sencillo, liberar a Ovidio Guzmán y con ello evitar, según la versión oficial, una catástrofe social.

Sorprende también, habrá que decirlo, las declaraciones muy fuera de tiempo, del Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, al exigir explicaciones que den certeza sobre los hechos ocurridos ese 17 de octubre. Seguro que no habrá más definiciones. La duda prevalecerá y a los responsables tampoco se les castigará. Dos actores ya se van, el Congreso se calló y tampoco los citó. Era la instancia política para saber lo que pasó.

No fue tanto el riesgo social anunciado. Era descubrir el terrible dilema en que se pondrían las autoridades ante la falla cometida. ¿Fue ineficiencia en la planeación del operativo policial? ¿La liberación ordenada fue por las complicidades que se pondrían al descubierto?

Lo cierto es que la sociedad quedó irremediablemente condenada a seguir sufriendo las consecuencias de una delincuencia que no cede ante una autoridad incapaz de frenarla y penalizarla. Que bien que ya se van los que en mucho contribuyeron para que la inseguridad registrara su sello de impunidad.

Superar los recuerdos que avergüenzan y elegir al nuevo Fiscal General, será un reto de dimensiones superiores las que tendrá la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el Gobernador y el Congreso, porque se requerirá, además del conocimiento y la honestidad, otras habilidades que hagan posible dignificar la institución y desterrar la impunidad.

¿Usted qué opina?