El Instituto de Pensiones surge con la finalidad de despresurizar el presupuesto estatal con motivo de las jubilaciones y pensiones de sus trabajadores.

Se voceo por todo el estado y los medios de comunicación lo resaltaron a ocho columnas destacando el logro alcanzado para poner fin a la posible quiebra del sistema de pensiones estatal.

Las administraciones estatales abusan y desvían los fondos públicos de manera arbitraria, como ocurrió con los descuentos que reciben los trabajadores y la proporción gubernamental para depositarlos en el mencionado Instituto. ¿Qué ocurre a más de diez años de entrar en vigencia la ley que creo a dicho Instituto que a la fecha sufre para responder a la confianza de los trabajadores porque carece de solvencia económica?

Rigurosamente los trabajadores aportan quincenalmente la parte que les toca, porque se les retiene de su percepción salarial. El patrón debe aportar de igual manera lo suyo y destinarla al fondo pensionario.

Extrañamente el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, ha guardado silencio a tan grave situación que hace que los derechosos a obtener su pensión deambulen por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en
demanda de lo que en derecho les corresponde.

El gobierno del Estado y el Instituto de Pensiones como demandados hacen todo lo posible por alargar los juicios y demorar que la solución pensionaria no les llegue oportunamente a muchos trabajadores. ¿Hay complicidad en el silencio sindical?

¿La Secretaría de Transparencia y el Sistema Estatal Anticorrupción han agravado su miopía para no advertir los desvíos millonarios de dineros que no son del gobierno sino de los trabajadores? ¿No han advertido la ilegalidad de los desvíos de dichas retenciones para cubrir necesidades estatales distintas a las de las pensiones de los trabajadores, poniendo en riesgo su derecho a un retiro digno?

Esta fue una de las causas por las que se le instruyó proceso al exsecretario de finanzas estatal, y que recientemente obtuvo el beneficio de la suspensión condicional del proceso, con la complicidad de la Fiscalía y el gobierno del estado que como parte ofendida acordaron descaradamente celebrar el convenio reparatorio en el que dicho exfuncionario se comprometió a restituir la suma de dos millones de pesos y no la millonaria cantidad por la que se le abrió la carpeta de investigación respectiva.

El gobierno del estado ha desarrollado una impresionante construcción de obras principalmente en el puerto de Mazatlán, y curiosamente no ha manifestado disposición para financiar el fondo de pensiones para los trabajadores al servicio del estado. El IPES no es un costo para el estado, es una institución de los trabajadores y del gobierno y que por igual la sostienen.

Quizá el gobierno del estado no tenga el menor interés para garantizar un derecho que les asiste a los trabajadores, por la actitud que ha asumido al rechazar la reforma recientemente aprobada a la ley de seguridad pública estatal que otorga pensiones dignas a las viudas de policías entre otros beneficios. Absurdamente a la Guardia Nacional le pagan millonarias cantidades por un servicio que le prestan al estado y cuyos beneficios a
la fecha permanecen en la oscuridad.

¿Los ciudadanos interesados llegaremos a conocer la verdad que rodea a la posible quiebra del Instituto de Pensiones del Estado, y la situación de riesgo en que se encuentran miles de trabajadores al servicio del gobierno del estado? ¿Habrá acciones sindicales que realizar o el sistema anticorrupción hará suyo el problema para corregir la espantosa corrupción que seguramente se encontrará si se ponen a revisar?

¿El IPES la caja chica del gobierno estatal como lo fue PEMEX para el gobierno federal?
¿Usted qué opina?