La Constitución Federal impone reglas muy claras para que ningún servidor público ejerza actos de propaganda bajo cualquier modalidad que influya en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Jueves 20 de mayo de 2021.

La veda electoral en un proceso como el que vive México, debe ser atendido y respetado por todo servidor público sin excepción, en el que se incluye al Presidente de la República. Si protestó cumplir con la Constitución y la ley constríñase a ese deber.

La legalidad no está sujeta al arbitrio de cada uno. Este principio aplica por igual a todos.

Los servidores públicos son garantes de que dicho principio tenga puntual y debida aplicación. La legalidad lo hemos dicho, es el cimiento de nuestra democracia.

El Presidente ha sido reiterativo, que vigilará el desarrollo del proceso electoral, señalará las irregularidades que cometan las autoridades en el uso de programas sociales con fines electorales y para ello, hace uso, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República. Órganos represivos del Estado que se están utilizando para reprimir políticamente al que se oponga a sus decisiones.

Ha desplazado al Instituto Nacional Electoral, órgano autónomo constitucional creado para que organice y desarrolle todos los actos relacionados con los procesos electorales en el País. Como también lo ha hecho con la Fiscalía Especializada para atender las denuncias electorales.

Quien detendrá las constantes violaciones a la Constitución Federal y a la ley, por parte del Presidente? La Cámara de Diputados que es la que debe de intervenir en estos casos y denunciar las violaciones al Senado de la República, ha permanecido callado solapando la ilegalidad Presidencial.

¿Estaremos los mexicanos siendo testigos de la última elección democrática nacional?

¿El federalismo mexicano sucumbirá ante las ambiciones desmedidas de un poder presidencial solapado por el congreso federal? Los gobernadores temerosos dejarán quesu miedo sea más fuerte que defender las aberrantes violaciones a las soberanías de los estados, como está ocurriendo, ¿en el Estado de Tamaulipas?

Se deja solo a un Gobernador por el hecho de haber enfrentado las arbitrariedades de un Presidente que quiere el dominio de voluntades políticas a través del terror? ¿Creen los Gobernadores que por permanecer callados y cómplices de lo que ocurre en Tamaulipas se apartan de todo riesgo de ser investigados y encarcelados?

En Sinaloa, la presión del Presidente se intensifica, amenaza al Gobernador de proceder judicialmente con la carpeta de investigación iniciada en su contra, supuestamente por haber puesto en circulación una tarjeta de apoyo alimentario “Puro Sinaloa” y en pleno proceso electoral.

El Congreso de Sinaloa o la Auditoría Superior del Estado ya recibieron el requerimiento de la Fiscalía General de la República para que proporcione la información. ¿No es una forma de intervenir para propiciar dudas en el elector o sacar provecho en favor de los candidatos de su partido en esta elección?

Que hace además el Presidente en Sinaloa realizando actos supuestamente de supervisión de obras y participando en juegos de beisbol su deporte del corazón, en pleno auge del proceso electoral y en un Estado en el que su partido político, Morena, no le son del todo favorables las condiciones políticas de ganar la elección?

Ya se le volteó un toro bravo, el de Fernández de Cevallos, con el que prefirió mejor callarse. No fue como el toro de Macedonio que, aun sangrando con la estocada recibida, ni con respiración de boca a boca logró reanimarlo. ¿Los gobernadores sacarán el toro que tengan por ahí guardado?

Usted tendrá la mejor opinión. 2021, por la defensa a la legalidad.