Señalar defectos al gobernante, es propio de un sistema basado en las libertades que respalda nuestra democracia. Opinar en contrario, sería incitar la arbitrariedad y ejercer la ilegalidad. Violaría valores esenciales de nuestra formación republicana.
No es la persona el cuestionado. Es el servidor público que con nuestro voto lo llevamos al poder. El nombre no interesa el cargo es lo que importa. Como sociedad esperamos lo mejor, se le paga por hacer no por destruir. Demandamos legalidad, no arbitrariedad.
¿Podemos decir que el Presidente, es leal a la República, cuando vulnera la soberanía de los Estados utilizando las instituciones federales para la intimidación e imponer su poder arbitrario a Estados y Municipios?
Es un momento crucial para la defensa del federalismo. Los Estados deben pronunciarse, los Gobernadores están en riesgo no solo de ser destituidos sino también encarcelados.
Extraña mucho la opinión del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se inconforma por la defensa de la estabilidad republicana de una entidad que se ve agraviada por decisiones políticas de venganza y no por cuestiones de estricta legalidad.
La dependencia federal que representa debe guardad prudencia ante una situación que atenta contra la estabilidad nacional. Su función es cumplir como lo hizo ya, bien o mal, en aportar la información requerida al Congreso Federal. Ahí culmina su función. Lo demás es asunto del Congreso y de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, y por lo que se ve, cumple órdenes del Presidente para intimidar a los demás.
En el caso Tamaulipas, el amparo no procede, así se ve del artículo 61, fracción VII de la Ley de Amparo, cuando se trate de las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen. Seguro cabrá la controversia constitucional vista desde el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin que se omita la posibilidad de intervención del Senado conforme a sus facultades señaladas en las fracciones V y VI del artículo 76 de la propia Constitución Federal, a menos que se promueve la controversia mencionada. Salvo mejor opinión de los constitucionalistas.
Por ello señalo que la declaración del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera lleva un aderezo de sabor político y no de legalidad. Interesante escenario político, veremos hasta donde nos lleva, cuál será su desenlace porque esta controversia se puede extender a otros Estados del País.
¿Suprema Corte de Justicia de la Nación imparcial? Está en duda. El regalo otorgado al Presidente de ese Alto Tribunal de la Nación, por el reformador constituyente a iniciativa del Ejecutivo Federal, por dos años más en el ejercicio de su cargo, responderá con independencia soberana en la defensa de los intereses de la nación, del Pacto Federal y de la soberanía de los Estados?
¿Habrá destitución del Gobernador en Tamaulipas o se sublevarán los gobiernos de las entidades de la federación ante la flagrante violación a la soberanía de los Estados y a su autonomía constitucional?
La república se oscurece, nubarrones de tormenta se avecinan, política y legalidad se confrontan. ¿En qué parará este escenario de conflictos? ¿Las fuerzas políticas opositoras al régimen que gobierna, se unirán para defender la soberanía estatal vulnerada o guardarán silencio dejando que los cañones de la arbitrariedad se impongan?
2021, votemos por la defensa del federalismo y de nuestra democracia.
