La República se ha visto agraviada de manera sistemática por un gobernante apartado de los más mínimos valores de respeto al régimen constitucional mexicano.
Descalificar a los órganos autónomos constitucionales como el Instituto Nacional Electoral, según el Presidente, ha sido el causante de la corrupción electoral en los procesos electorales vividos por México y particularmente en las que no se vio favorecido en comisos anteriores.
Su frustración, se ha convertido en un sentimiento de rencor hacia quienes no le reconocieron el éxito electoral no porque así tenía que haber sido, sino que el voto ciudadano no le favoreció. Además de manifestar un rencor desmedido contra el órgano responsable de desarrollar las elecciones, se ha propuesto su extinción para crear un modelo electoral que responda a sus ambiciones de poder.
Tenemos una sociedad organizada que no se ha manifestado de manera unánime y general, aunque aislados, se han visto por ahí algunos intentos de protesta. Los Colegios de Abogados no se han dejado escuchar. Ha faltado esa voz que suene en el firmamento mexicano.
La ilegalidad ha sido la premisa de su administración. A manera de ejemplo, algunos hechos han ocurrido y se han visto por algunos como necesarios y otros como aberrantes decisiones. Lo que importa no es decir si es bueno o si no lo es. Lo que importa es si se está actuando con legalidad.
Se reformó la Constitución para sacar a la milicia de sus cuarteles, con la aprobación de senadores y diputados, sumándose a la complicidad gobernadores y congresos locales. Un paso bien planeado por un aspirante dictatorial que quiere a las fuerzas armadas de su lado. ¿Acaso no les ha otorgado privilegios desplazando la inversión privada? ¿Es legal la triple función que desempeñan como el ser soldados, constructores y administradores?
Una reforma constitucional que agravia la autonomía del poder judicial y que pone en riesgo los cimientos de nuestra democracia nacional. Legalidad y justicia, baluartes de la democracia, no podrán someterse al dominio del Titular del Poder Ejecutivo Federal. La filosofía constitucionalista de Locke y Montesquieu seguirá cabalgando en la doctrina nacionalista de las democracias actuales, ante las ambiciones tiránicas de algunos gobernantes.
¿Escucharemos a los Abogados, a los organismos empresariales, a las Instituciones de Educación Superior, y muchos más, elevar su voz en la defensa a nuestro régimen constitucional? Designan al Ombudsman mexicano plagado de ilegalidades por un Senado entregado al poder Imperial, para tener una Comisión Nacional de los Derechos Humanos silenciada ante los agravios que se cometen contra la seguridad personal de muchos mexicanos con la participación de las fuerzas armadas en seguridad pública.
Queremos escuchar a los candidatos en este proceso electoral, que se pronuncien en la defensa de la constitución. Queremos pronunciamientos de los profesionistas organizados para desterrar el autoritarismo y la ilegalidad. Queremos posturas firmes en la defensa del federalismo.
Rechacemos el uso faccioso de las instituciones federales como la Unidad de Inteligencia Financiera, para saciar posturas revanchistas, contra gobernadores oponentes al autoritarismo e ilegalidad presidencial.
Votemos por el respeto a nuestra democracia, por legalidad y nuestro orden constitucional.
