Muchas notas escritas, compromisos incumplidos, y las condiciones de seguridad ciudadana siguen sin solución. Por el contrario, el problema se agrava.
Se ha vuelto una costumbre que, los candidatos en campaña, sudan y se empolvan los zapatos, hablan claro y generalmente convencen que entre sus prioridades, al momento
de ser gobierno, atacarán la inseguridad con todo el poder del Estado. Sin embargo, una vez que son gobierno, la nube de esperanza en el pueblo inocente se desvanece cual bruma en el desierto.
Hemos sido un pueblo dócil y bondadoso ante el político tramposo y falso. En gran medida somos responsables de los pésimos gobiernos que nos hemos dado, una cultura política demasiado pobre producto del voto que por necesidad nos arrebatan.
Los tiempos de ahora tienen que ser diferentes a las condiciones de ayer. La fuerza del Estado tiene que ser robustecida, para destruir las causas que lo han debilitado.
Que el político de hoy, destierre los compromisos históricos de un gobierno que se ha empeñado en ceder el control de los mandos policiales en las instituciones de seguridad pública a personas que no han sido garantía de lealtad a la confianza ciudadana.
Los antecedentes son muchos y el mejor testimonio de todos es el de una sociedad que se ha visto ultrajada en su propia seguridad. Es un imperativo, que los nuevos gobiernos con visión renovada retomen el compromiso, que la seguridad es un valor esencial en el fortalecimiento del Estado y el comportamiento social.
Soy un convencido que la seguridad pública debe ser una función a cargo de civiles, en ellos hay conocimiento y capacidad para dirigir una corporación policial y garantía de seguridad de abatir cualquier manifestación antisocial que altere la seguridad ciudadana.
La seguridad pública, es una función de inteligencia, de organización, es profesionalizante, es de prestaciones dignas y es de capacitación permanente, no es solo una misión de fuerza. Es educar y arraigar culturas de orden y respeto. Es hacer que se obedezca el rango elemental de normas de sana convivencia, en otras palabras, es hacer
cumplir el Bando de Policía y Gobierno.
Invito a la reflexión, el soldado se debe primero al mando castrense, es parte de su formación natural en su deber de lealtad. No ha sido sano ni tampoco bien visto por las mayorías, que al soldado se le haya habilitado para realizar funciones que no son suyas, pero, además, la presencia militar en las corporaciones de policía no solo violenta el
mandato constitucional, sino que expone la eficacia del todavía debilitado sistema jurídico
penal mexicano.
Desterremos los compromisos que se han adquirido y la causa para desviar soluciones integrales en este rubro tan esencial en la vida nacional. Ya basta que los ángeles del mal sigan promoviendo los altos niveles de corrupción en los agentes del gobierno, que han sido la causa del lodo que han derramado en las instituciones policiales.
Sería conveniente, que quien asuma el cargo de Gobernador del Estado, y reunido con los Presidentes Municipales y una comisión de Diputados, también electos, con una comisión de representantes ciudadanos reconocidos en el conocimiento de la seguridad pública, se analice el problema y se proyecten soluciones.
Edifíquese una estrategia nacional que trascienda a los Estados y municipios sobre la creación de un parlamento ciudadano independiente o autónomo en materia de seguridad pública, con facultades de propuesta y de evaluación para designar a los titulares de las instituciones policiales y de procuración de justicia. Que el Congreso sea el único poder para su conformación y reglamentación.
2021, votemos por mejores condiciones de seguridad.
