En concreto, el juez federal Sebastián Casanello emitió una orden de “urgente allanamiento (registro)” del consultorio del médico, realizado por agentes de la Policía Federal, que se extendió por varias horas y culminó con una orden de clausura y la incautación de recetas, historias clínicas, medicamentos y productos médicos.
Además, el equipo jurídico del Ministerio de Salud evalúa denunciarlo penalmente por la prescripción de dióxido de cloro al paciente, fallecido el pasado lunes.
Preocupa que el Dr. (Dante) Converti pueda llegar a formar parte de un grupo de personas que está organizándose para desinformar sobre el coronavirus y su respuesta sanitaria”, señalaron las fuentes.
Una polémica autorización judicial
El paciente, Óscar García Rúa, nonagenario, murió el lunes en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires, pocos días después de que perdiera la vida su esposa, quien también sufría coronavirus.
Este hecho se produjo después de que el juez Javier Pico hiciera lugar al pedido de José María Lorenzo, hijastro del paciente, para que le fuera suministrado dióxido de cloro, tal y como había prescripto Converti, médico personal del enfermo y sin ningún vínculo con el hospital donde estaba internando.
Se ordenaba así al sanatorio privado aplicar ese compuesto, no autorizado por el Ministerio de Salud. Pero el centro presentó un recurso para no hacerlo.
“Una vez que el doctor Pico autorizó la realización de la práctica, aún existiendo esa manda, el Sanatorio Otamendi se negó a hacer la práctica médica, y tuvimos que ampliar el recurso a efectos de requerir autorización para que el doctor Converti realizara la práctica, y efectivamente se pudo realizar”, señaló el martes el abogado de la familia, Martín Sarubbi.
Según añadió, a partir de serle suministrado el dióxido de cloro, “hubo una franca mejoría en lo que tiene que ver con el cuadro de COVID”.
La información de que el paciente mejoró surge de las certificaciones de la propia historia clínica, por ejemplo un dato concreto a partir del tratamiento con ibuprofeno y con dióxido de cloro, él comenzó a saturar correctamente alrededor del 98 por ciento y las secreciones pulmonares mejoraron notablemente en corto plazo”, subrayó.
Sarubbi afirmó que se presentará una denuncia contra el sanatorio por no haber acatado la orden judicial, ya que consideró que “la demora a partir de la mejora del cuadro clínico terminó provocando la muerte a raíz de una infección intrahospitalaria”.
El dióxido de cloro, no autorizado en Argentina
Durante la pandemia del coronavirus, han surgido, a través de redes sociales y web, mensajes y anuncios que alentan al consumo vía oral de soluciones de dióxido de cloro para el tratamiento o la prevención de la infección por coronavirus. Pero tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como autoridades sanitarias de diversos países alertaron de sus peligros para la salud.
Asimismo, en agosto del año pasado el Ministerio de Salud de Argentina remarcó que la utilización de dióxido de cloro para el tratamiento de COVID-19 u otras enfermedades “no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna por parte del ministerio para su comercialización y uso”, y alertó de que su ingesta puede provocar diversos problemas graves.
Respecto al caso del paciente fallecido, la cartera ministerial considera que se trata de una “conducta prescriptiva irregular” por parte de Converti, que recetó al enfermo solución de dióxido de cloro endovenoso y nebulizaciones de ibuprofenato de sodio.
Es por eso que la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras inició una investigación sobre los antecedentes del médico, cuya página web lo señala como experto en “tratamientos Biológicos y Orthomoleculares para la prevención y tratamiento de enfermedades (agudas y crónicas) como también para el rejuvenecimiento interior y exterior de nuestros cuerpos”.
En las últimas horas también se conoció que el juez Pico, quien ordenó aplicar el dióxido de cloro al anciano, fue denunciado por posible comisión de una mala praxis jurídica.
