La mayoría de congresos de los 32 estados mexicanos avaló la eliminación del fuero presidencial para que los mandatarios del país puedan ser juzgados mientras están en el cargo, un requisito necesario para que la medida entre en vigor.
“El Senado de la República declaró reformados los artículos 108 y 111 de la Constitución Política, en materia de fuero presidencial, toda vez que fueron aprobados por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México”, informó este martes el cuerpo legislativo en un comunicado.
Hasta ahora, la reforma constitucional ha sido aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado de México, y avalada por los parlamentos locales de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.
Para que una reforma constitucional entre en vigor en México, debe ser aprobada por el Congreso federal, avalada por al menos 17 parlamentos locales y ratificada por el Ejecutivo.
La reforma, impulsada por el Gobierno Federal, modifica el artículo 108 de la Constitución, que establece que el presidente sólo puede ser acusado de traición a la patria y delitos graves mientras esté en el cargo.
La nueva propuesta añade: “Podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común”.
Además, señala que para proceder penalmente contra el presidente, debe ser acusado ante el Senado, que resolverá el caso.
La supresión del fuero forma parte del combate a la corrupción y la supresión de privilegios iniciada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien también ha buscado vender el avión presidencial y rechazó vivir en la residencia presidencial de Los Pinos.
López Obrador ha convocado también una consulta ciudadana para 2021 en la que los mexicanos decidirán si el Gobierno debe investigar y en su caso denunciar por corrupción a los expresidentes del país.
Además pretende convocar un referéndum en 2022 en el que los ciudadanos decidirán si él debe dejar el cargo o completar su mandato hasta 2024.
