En lugar de hacer interpretaciones “torcidas y falacias”, el Congreso debe cumplir con la sentencia de amparo que ganó la UAS en contra de la Ley Estatal de Educación Superior, advierten abogados.
Octubre 23 de 2024.
En torno a las recientes declaraciones de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), María Teresa Guerra Ochoa, asesores legales de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), exhibieron que son interpretaciones “torcidas y falacias”, por lo que invitaron a la titular a dar cumplimiento con la sentencia judicial de amparo que ganó la institución en contra de Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, antes de dar consejos de legalidad y moralidad.
El abogado universitario, doctor Milton Ayala Vega, frente a la legitimidad cuestionada por Guerra Ochoa, sobre el doctor Candelario Ortiz Bueno como encargado del Despacho de Rectoría, detalló que en la Ley Orgánica no está establecido el supuesto en que una persona titular de la Rectoría sea suspendida por un proceso judicial, al no estar en la ley, la separación es temporal, y así fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, por lo que la ley establece varios momentos ante la ausencia del rector.
“La ausencia del primer momento, que es hasta 40 días en esta ley, lo suplirá el secretario de la UAS, entonces es lo que está pasando con el doctor Candelario Ortiz Bueno, él era secretario y está supliendo al rector suspendido, no está supliendo a Robespierre, Robespierre era secretario y estaba asumiendo ese cargo, en razón de que el doctor Madueña estaba suspendido temporalmente”, declaró.
Señaló que la Universidad está actuando con base en la ley, ya que en ella no contempla en supuesto que se establezca una suspensión temporal por más de 40 días y en ese lapso de tiempo, no pueden nombrar un rector ni interino, ni sustituto porque están en espera de una resolución definitiva; la suspensión es provisional, lo que significa que en cualquier momento puede volver a su cargo el doctor Jesús Madueña Molina.
“No pueden nombrar un rector sustituto porque le violaría los derechos, si la Fiscalía y el Congreso violan leyes, la Universidad no, la Universidad respeta las leyes y por eso, ante la ausencia de una legislación, entonces el Congreso es el facultado porque ninguna otra autoridad dentro de la universidad tiene facultades para tomar esa determinación, quien la toma en base a esa fracción, lo es el Consejo Universitario”, precisó.
Indicó que es evidente la desinformación por parte de la presidente de la JUCOPO, ya que Ayala Vega anunció que es totalmente falso que en el mes de noviembre del año en curso termine el mandato de los consejeros universitarios de la institución.
“En noviembre no se acaba nada, en noviembre de cada dos años, y este no es el periodo de una elección, esa es la mentira con la que se conducen y se lo podemos decir de frente”, puntualizó.
A su vez, el consejero universitario y defensor legal, doctor Ramón Bonilla Rojas, sustentó que antes de realizar declaraciones ante medios de comunicación, es importante estar informados sobre todo por las “falacias” que han surgido en contra de la institución, en virtud de ello reveló que en lo que respecta a la legitimidad del amparo de quien pudo haber promovido a nombre de la UAS, el Juez Federal, por ahora, no está revisando legitimidades de carácter procesal.
“En este momento, para conocimiento de la doctora, hay varios consejeros que promovieron amparo y que tienen suspensiones no provisionales, sino definitivas (…) ya un juez catalogó que la Universidad se puede amparar; se admitió el amparo y hay una suspensión a favor de la institución”, informó.
“La Universidad como institución, independientemente de los consejeros, también llega a una suspensión y por lo tanto dice de manera textual: las consecuencias jurídicas de las disposiciones de la Ley orgánica que fueron modificadas, derogadas o adicionadas, no surten efectos jurídicos”, aseveró.
Subrayó que el Congreso del Estado da “la vuelta a la ley”, dejándolo en evidencia al invadir las facultades de autogobierno de la propia universidad, por medio del acuerdo 395, al ejecutar una consulta inconstitucional, así como cedieron una Ley de Educación Superior, donde contemplaban procedimientos legislativos para la modificación de leyes orgánicas de universidades públicas autónomas que no respetaron.
“Ya que están tan aprontados de darnos recetas de legalidad a nosotros, les pido humildemente (…), ¿qué están esperando para darle cumplimiento a la sentencia de amparo donde la UAS le ganó al Congreso por qué se declaró inconstitucional la Ley de Educación Superior”, enfatizó.
Ambos juristas culminaron su participación en la emisión de Punto Universitario de Radio UAS, exhortando que la Ley Orgánica de la UAS, desde su proceso y resultado, ha sido viciado, por lo que indicaron que el destino ideal de la Ley es regresar al estadio anterior sin aplicar dichas reformas.
